La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el archivo del caso que investiga un juzgado de Madrid por el rescate de Plus Ultra. El Ministerio Público ha pedido a la magistrada Esperanza Collazos que dé carpetazo al procedimiento penal que arrancó en abril por presunta prevaricación en el desembolso de 53 millones de euros proveniente del fondo de ayudas a las empresas estratégicas afectadas por la crisis.
La Fiscalía formula esta solicitud tras analizar las últimas pruebas incorporadas al procedimiento, entre las que se encuentran la pericial realizada por el despacho Martín Molina Abogados y Economistas SPL. Según explica en su escrito de fecha de 25 de octubre, "no existen en las conclusiones (del peritaje) elementos contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto por esta parte en anteriores informes". De este modo, se adhiere a la tesis de la Abogacía General del Estado, que no solo ha pedido el archivo de la causa, sino que también se opuso a que se realizara esta diligencia.
Además precisa que esta pericial viene a respaldar otros dos informes de expertos independientes que avalaban la concesión de la ayuda autorizada por la SEPI y aprobada el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros. La Fiscalía recoge extractos del peritaje en los que se concluye que Plus Ultra "cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas (…) excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a fecha 31 de diciembre de 2019", añade.
Precisamente, los malos resultados económicos previos al arranque de la pandemia, las dudas sobre su solvencia y su cuota de mercado propició el arranque de este procedimiento por presunta prevaricación, aunque posteriormente se amplió a delitos de malversación y contra la Hacienda Pública. La causa se dirige contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, así como contra los miembros del consejo gestor que autorizaron este desembolso dividido, por un lado, en un primer tramo de 19 millones de euros, y en un segundo de 34 millones que llegó a suspenderse cautelarmente por el juzgado.
El préstamo panameño
Tras analizar toda la información fiscal aportada por la aerolínea, el peritaje concluyó que, tal y como informó la Agencia Tributaria, no constaban deudas pendientes a fecha 30 de julio. No obstante, expresó sus dudas en relación a un préstamo participativo de 6,3 millones de euros que Plus Ultra recibió en 2017 y que le permitió evitar la quiebra. El experto concluyó que esta línea de crédito que recibió del banco panameño Panacorp fue determinante para evitar su disolución. No obstante cuestionó las condiciones en las que se hizo efectiva la entrega de dinero así como el hecho de que gestionó este crédito en un paraíso fiscal.
En concreto, Plus Ultra mantuvo los fondos en Commonwealth Bank and Trust, un banco ligado al chavismo por las operaciones millonarias de compra venta de bonos de PDVSA. Al respecto, el perito determinó que existía un conjunto de cuestiones que ponía "en tela de juicio" la realidad de este préstamo. Con todo, también advirtió que la compañía pudo haber incurrido en "irregularidades" que afectaban a las cuentas del ejercicio 2019 en relación a un avión que tenía la mercantil en su propiedad y que entregó para pagar una deuda con sus inversores cercana a los 9 millones.
El perito matizó en su informe que el resultado de la operación era "claramente beneficioso" para Plus Ultra porque consiguió cancelar la deuda de 8,9 millones con un avión cuyo valor contable era de 2,6 millones, reportando una ganancia que reflejó en sus balances de 6,34 millones de euros. Al respecto, la Fiscalía se hace eco de estas "dudas" recogidas en la pericial y determina que se plantean cuatro escenarios "dos de los cuáles no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis" en la fecha referida. Ello implicaría, según la Fiscalía, que se cumplieron las condiciones establecidas para recibir el rescate de 53 millones.
