La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto pedir mañana jueves al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que sume tres reclamaciones internacionales a la ya cursada contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont respecto de otros huidos del proces: los exconsejeros Antoni Comín, Lluís Puig -que escaparon a Bélgica- y Clara Ponsatí -en Escocia--, han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio Público.
También está estudiando la reclamación a Suiza de la secretaria general del ERC Marta Rovira, si bien su caso lo dejarán para más adelante dada la complicación que presenta el procedimiento en Suiza, donde no puede hacerse mediante euroorden (OEDE).
De momento, descartan solicitar la entrega de otros huidos como son la exconsejera Meritxell Serret, que fue consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en Bélgica; y de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, quien se encuentra en Suiza, según las mismas fuentes.
En el primero de los casos la decisión tiene mucho que ver con el resultado que tuvo la sentencia del 'procés' para tres exconsejeros que, al igual que Serret, únicamente venían siendo acusados de desobediencia y malversación (Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila) y que fueron absueltos del segundo de estos delitos.
El delito de desobediencia conlleva únicamente pena de inhabilitación y multa, por lo que se descarta reactivar contra ella una orden de entrega e ingreso en prisión. En cuanto a Gabriel, su búsqueda viene tiempo siendo descartada ya que únicamente está procesada por desobediencia.
La situación es diferente en los casos de Comín, Puig y Ponsatí, porque sobre los tres pesan acusaciones de malversación mejor fundamentadas. Así, sobre Comín (exconsejero de Sanidad) y Ponsatí (extitular de Educación) se pedirá la entrega por presuntos delitos de sedición y también de malversación en relación con locales dependientes de sus departamentos que habrían puesto a disposición del referéndum ilegal del 1-O.
Más dudas con Puig
En relación con el exresponsable de Cultura existe una factura por valor de 200.000 euros aún por aclarar que podría determinar su petición de entrega, según las mismas fuentes, y se le reclamará por malversación y desobediencia. En su caso, al no entrar en juego la sedición, existen más dudas de que Llarena opte finalmente por reclamarle, aunque todo dependerá de los argumentos que utilicen los fiscales en sus escritos.
En cuanto a Rovira, procesada por rebelión, la Fiscalía señala que en el caso de solicitarse su entrega será por sedición, al igual que se ha hecho en el caso de Puigdemont, si bien tienen en cuenta que el país helvético se ha negado siempre a entregar a las allí escondidas y en todo caso no estaríamos hablando de una euroorden (OEDE) sino de una petición de extradición.
