El expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz Mancebo, deberá comparecer en las próximas semanas en un juicio por delitos contra la Hacienda Pública en el que se enfrenta a una pena de cinco años de prisión, según fuentes judiciales.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar el juicio contra Lorenzo Sanz el 30 de marzo por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2008 y 2009.
El fiscal solicitó una pena de cinco años y medio de prisión. Sin embargo, el juicio fue suspendido por los problemas de uno de los abogados de la causa.
La Fiscalía acusaba en sus conclusiones provisionales a Lorenzo Sanz de ocultar en las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas “cuantiosas rentas, sujetas y no exentas del IRPF, por importe de 5.968.975,5 euros”.
“Esta cantidad –según la Fiscalía- debió ser declarada en esos años, cosa que de forma intencionada no hizo el acusado para obtener así un beneficio fiscal ilícito y dejar de ingresar 969.437,08 euros en el ejercicio de 2008 y 275.386,26 euros en el de 2009”. Además de la solicitud de prisión, la Fiscalía reclama una multa de 2.907.000 euros por el ejercicio del año 2008 y otra de 550.000 euros por la del 2009, además de indemnizar a la Hacienda Pública en 1.224.823,34 euros.
Lorenzo Sanz tributó de forma conjunta con su esposa. Sin embargo, no ha quedado acreditado que la cónyuge conociese el propósito defraudador del acusado, participase u ostentase capacidad decisoria en la confección y presentación de las referidas declaraciones.
Sin embargo, al estar casada en régimen de gananciales con Lorenzo Sanz y no constando ninguna otra fuente de ingresos, se benefició de las cantidades dejadas de ingresar por éste al erario público, aplicando las mismas al sostenimiento de los gastos derivados de la unidad familiar.
Por ello, el instructor abrió también juicio contra María Luz D. M. en concepto de partícipe a título lucrativo. De ser condenada deberá indemnizar a la Hacienda Pública en el 50% de la cuota defraudada, o lo que es lo mismo, 622.411,67 euros.
