El fiscal delegado para los delitos de odio, Alfonso Aya, ha alertado de que algunos mensajes lanzados por Vox en temas como la inmigración podrían servir de aliento al discurso del odio al abrir la puerta a que se lancen consignas que representen un ataque contra colectivos minoritarios.
No es que los propios mensajes del partido de Santiago Abascal sean constitutivos de un delito de incitación al odio, algo que el fiscal descarta, sino que estos pueden dar pie a pensar que estamos "en un campo abierto" donde todo vale.
Y aunque algunos ciudadanos reaccionan en contra de los mismos, admite el fiscal, otros sin embargo actúan "dando consignas que sí que pueden suponer un ataque a los colectivos que se trata de proteger".
Un escenario donde se abren "las puertas hacia un terreno desconocido" en el que pueden proliferar mensajes amenazantes contra grupos vulnerables que representen un verdadero riesgo para su integridad.
Apela a la responsabilidad
¿La solución? Esta es una pregunta de la que Aya confiesa no tener respuesta más allá de apelar a la responsabilidad de unos políticos que, por otra parte, no se libran de utilizar de forma "espuria" y "partidista" la figura de los delitos de odio como arma arrojadiza contra sus rivales.
Es algo que para el fiscal "está muy claro" y no solo por parte de los partidos, sino también por asociaciones, algunas de ellas religiosas, que interponen una denuncia ante "cualquier manifestación antirreligiosa", con la que consiguen que "el denunciado sea llamado a declarar".
Y pese a que luego todo quede en agua de borrajas, explica Aya, con su actuación consiguen lanzar una especie de advertencia: "Oye, tened cuidado que a la próxima tenéis que volver donde el juez".
Para el fiscal, el problema está en que hay "una excesiva judicialización de todo" y aunque a veces los propios políticos se quejan de la misma, luego son ellos quienes involucran a la Justicia y a la Fiscalía en la resolución de problemas cuya respuesta debería ser otra.
"Respuestas no penales"
Todo ello en un contexto en el que, a juicio de Aya, quizá "de alguna manera la sociedad debería responder con respuestas no penales" a determinados asuntos que no revisten tanta gravedad, como por ejemplo, con infracciones administrativas.
Pero lo que realmente preocupa al responsable de la Fiscalía en la lucha contra los delitos de odio son las manifestaciones de los responsables políticos contra determinados tipos de campañas.
"¿Es legítimo que un partido diga que los inmigrantes nos están quitando trabajo o están colapsando los servicios sociales? -ilustra el fiscal- Oye, pues esto será cierto o no pero no puede considerarse delictivo".
"Constitutivo de delito"
Ahora bien, prosigue Aya, "como lo que se haga es atacar, decir que son los responsables de la delictividad" o lanzar una campaña en la que se "fomente el odio respecto de ellos, esto sí que puede ser constitutivo de delito".
Y aunque dicha actuación merecería un castigo penal, el fiscal insiste en que las penas siempre deberían ser "proporcionales" a la gravedad del delito y a las circunstancias en las que se ha cometido, como el contexto en el que se han producido las manifestaciones y la difusión que se les han dado.
