La Audiencia Nacional da impulso a la investigación relativa al robo y filtración en prensa de la tarjeta de Dina Bousselham. La Sala de lo Penal ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha revocado el auto del magistrado al frente del caso Villarejo, en el que dictaba auto de procedimiento abreviado. Además ordena que se le tome declaración a Bousselham, la cual pidió comparecer para mostrar su perdón a Pablo Iglesias, y también al exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.
Así lo recogen en cinco autos separados relativos a los recursos interpuestos por los protagonistas de esta pieza décima del caso Tándem. Se da la circunstancia de que, además del Ministerio Fiscal, recurrieron Pablo Iglesias, su exasesora Dina Bousselham, Villarejo y los periodistas implicados en los hechos. Todos ellos trataron de tumbar el auto del magistrado Manuel García Castellón en el cual dio por zanjada la investigación relativa al presunto robo y posterior difusión en prensa del contenido de la tarjeta de Bousselham.
García Castellón consideró que había indicios para actuar contra Villarejo así como contra los periodistas de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles por estos hechos ocurridos entre 2015 y 2016. Del mismo modo, envió una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que abriera una investigación contra Dina, miembros del equipo jurídico de Podemos y el propio Iglesias. A este último le señala como el principal sospechoso del destrozo de la SD en tanto él la recibió en perfectas condiciones de los periodistas a comienzos de 2016 y la devolvió a su dueña, medio año después, ilegible.
La propia Dina (que compartió defensa letrada con el exlíder de Podemos) lo confirmó en sede judicial en mayo del año pasado. No obstante, tras la testifical en la que se puso en la picota a Iglesias pidió al juez volver a declarar para exculparle de cualquier responsabilidad insistiendo en que nunca dudó de él. El magistrado se negó a la espera de incluir en la causa las conclusiones policiales sobre un nuevo estudio de la tarjeta, la cual se llegó a intentar recuperar sin éxito.
Ahora la Sala de lo Penal revoca su decisión y le ordena a retomar las pesquisas para seguir investigando. En concreto, considera pertinente que vuelva a declarar Bousselham “para agotar la instrucción”. Aunque reconoce que ya ha acudido en varias ocasiones en relación a las captura de pantalla de su teléfono que se publicaron en prensa (y que ella mismo confesó que hizo), entiende la Sala que es preciso conocer el origen de esta divulgación en prensa, la cual constituiría un delito de revelación de secretos al tratarse de un contenido privado.
Cabe recordar que Bousselham y su exjefe insistieron desde un primer momento en que tanto el robo del dispositivo (que se produjo en unos grandes almacenes en octubre de 2015) como su posterior difusión en los medios fue obra de la policía patriótica en el marco de la campaña que se había impulsado desde el Gobierno para desacreditar a Podemos. El propio Villarejo confirmó la existencia de pesquisas en la Policía Nacional en relación a una presunta financiación opaca en el partido pero, cuando fue preguntado sobre por qué tenía él datos de la tarjeta en su domicilio, dijo que jamás lo difundió en prensa.
Declarará la pareja de Dina
Del mismo modo, los magistrados que han estudiado todos los recursos consideran pertinente que declare la pareja de Dina, Ricardo Sá Ferreira, y el exmando policial Eugenio Pino (imputado en la pieza del caso Villarejo sobre la trama Kitchen). El primero de ellos para que explique con detalle la parte relativa a los intentos de recuperar el contenido de la SD ya que fue él quien contactó con la empresa Recuperación Express para recuperarla. La Audiencia asegura que de su anterior testimonio quedan "lagunas" que tiene que precisar.
En lo que respecta a Pino, el objetivo es que aclare "la consistencia de las afirmaciones" de Pozas y Rendueles. Los dos periodistas, que fueron los que recibieron de manos anónimas la tarjeta de Dina, explicaron que suministraron dicha información a Villarejo porque creían que había una investigación policial sobre estos asuntos.
Por contra, no admiten la petición del comisario jubilado de incorporar a la causa los chats del equipo jurídico de Podemos en los que, según manifestó el abogado purgado del partido José Manuel Calvente, se apuntó que todo era una maniobra orquestada desde dentro del partido. Al respecto, precisan que la incorporación de estos mensajes servirá para valorar la credibilidad del testigo pero ya en fase de juicio oral.
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