La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha emitido recientemente un informe donde se muestra favorable a que se conceda el amparo a los ocho condenados por el asedio al Parlament de Cataluña que tuvo lugar en 2011 lo que impidió que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros parlamentarios pudieran acceder al Hemiciclo con normalidad y, en su lugar, tuvieran que hacerlo en helicóptero.
La postura del fiscal del tribunal de garantías no sería polémica sino fuera porque fue la propia Fiscalía la que, a lo largo de toda la instrucción de esta causa, pidió que se condenara a los asaltantes a la Cámara autonómica por un delito contra altas instituciones del Estado. De hecho, el Ministerio Público recurrió la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo y éste dio les dio la razón en una contundente sentencia donde se hacía referencia a los límites del derecho fundamental a la libertad de expresión.
De ahí, que –según ha podido saber Vozpópuli- la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado advirtiera claramente al fiscal general José Manuel Maza de que si autorizaba que se apoyara la concesión de dicho amparo se estaba rompiendo gravemente la "unidad de actuación" que debe seguir el Ministerio Fiscal.
Sin embargo, pese a que Maza contó encima de la mesa con un informe de su 'guardia de corps', donde se explicaba que la Fiscalía del Constitucional debía oponerse a la concesión de dicho amparo, el fiscal general del Estado ha optado finalmente por dejar actuar con libertad de criterio a los fiscales del TC.
Malestar ante la decisión de Maza
Esta decisión ha causado malestar en la Carrera Fiscal que ve cómo se ha apoyado la concesión de una medida tan excepcional como el amparo, que podría provocar la nulidad de la sentencia del Supremo, cuando ésta confirmó precisamente la tesis del Ministerio Público de que no se estaba ante un acto de libertad de expresión por parte de los radicales sino más bien ante un delito tipificado en el Código Penal contra las altas instituciones del Estado.
Tanto la Constitución española como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la Fiscalía ejerce sus funciones "conforme a los principios de unidad de actuación", de ahí, que haya causado asombro que Maza haya permitido a los fiscales del Constitucional apoyar la concesión del citado amparo a los asaltantes del Parlament de Cataluña. Dicha decisión no se ha entendido ni por parte de los miembros de la Secretaría Técnica ni tampoco por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo que encabeza Luis Navajas.
Los hechos se remontan a julio de 2014, cuando en una sentencia muy polémica, con ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez Valcárcel, la Sección Primera de la Audiencia Nacional absolvió a los asaltantes del Parlament en contra del criterio de la Fiscalía que entonces dirigía el fiscal Javier Zaragoza.
Acto seguido, la Fiscalía del Supremo recurrió dicha sentencia en casación y consiguió que la Sala Segunda del Alto Tribunal, que preside el magistrado Manuel Marchena, condenara a ocho asaltantes a tres años de prisión por un delito contra altas instituciones del Estado donde el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden neutralizar otros derechos y, en concreto, el de participación política a través de los representantes legítimos. Ahora, la última palabra de este laberinto judicial corresponde al Tribunal Constitucional.
