La causa que se ha investigado en secreto durante cuatro años sobre 'Tsunami Democràtic' va camino de derivarse a los juzgados ordinarios de Cataluña. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se prepara para informar a favor de que estas diligencias sobre la plataforma independentista salgan de la Audiencia Nacional al haberse derogado el delito de sedición y no contemplar tampoco la comisión de un delito terrorista.

Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que habiendo decaído estos delitos ya no se puede justificar la competencia de la Audiencia Nacional. Así pues, se espera que la Fiscalía de este órgano informe de manera inminente al juzgado acerca del futuro de este procedimiento en el marco del cual se ha puesto el foco en cerca de una decena de personas.

El movimiento se produce tras incorporar un informe final de la Guardia Civil en relación a este grupo que protagonizó movilizaciones violentas tras la sentencia del procés y detrás del cual estarían miembros de ERC. Tras adherir el oficio, el magistrado Manuel García Castellón levantó el secreto de sumario que pesaba sobre las diligencias y pidió a la Fiscalía que informara acerca de los delitos a los que se pueden circunscribir los hechos investigados, sobre qué personas deberían figurar formalmente como imputadas y también sobre la competencia de la Audiencia Nacional.

Ni terrorismo ni sedición

Las fuentes consultadas explican que el fiscal al frente del procedimiento ya ha informado y lo habría hecho sentenciando el futuro de la causa en este órgano. El Ministerio Público se inclina por valorar que la Audiencia no es competente primero porque los cortes de carretera y las protestas en El Prat no serían constitutivos de delito de terrorismo y, segundo, porque desaparecida la sedición, los hechos se podrían investigar por otro tipo penal cuya competencia recae en un juzgado ordinario.

Así pues todo apunta que el procedimiento volvería a Barcelona; máxime porque uno de los identificados por la Guardia Civil es el diputado de ERC (y por tanto aforado) Ruben Wagensberg. Esta causa nació en 2019 a raíz de la investigación que se seguía en la Audiencia Nacional contra una docena de miembros de una facción radical de los Comités de Defensa para la República (CDR).

En la causa solo figura como imputado formalmente el empresario Oriol Soler, pero la Guardia Civil puso el foco en cerca de una decena de personas. La Fiscalía descarta delitos de sedición y terrorismo, pero sí aprecia indicios contra ellos

Estas diligencias -que también afloraron contactos de los imputados con el entorno de Carles Puigdemont- propiciaron la apertura de una investigación paralela sobre Tsunami Democràtic. Inmediatamente la causa se declaró secreta y se comenzó a rastrear la composición de este movimiento y sus actuaciones. Tras los primeros compases, el Juzgado Central de Instrucción número 6 adhirió a este procedimiento parte de la causa que se seguía en los juzgados de Cataluña contra el empresario Oriol Soler.

De hecho, este es el único imputado formal de la investigación ya que hasta la fecha el resto solo ha sido señalado por la Policía Judicial. No obstante, los otros identificados son Xavier Vendrell (exmilitante de Terra Lliure y capo de Tsunami); David Madí (exdirigente de Convergència también salpicado en la causa del 3%); Oriol Soler (pieza fundamental dentro de Tsunami); la militante de ERC Marta Molina; Josep Capmajó (ejerció labor organizativa sobre el terreno); Josep Lluis Alay (exjefe de la oficina del expresidente Puigdemont) y Jaume Cabani (ingeniero afincado en Waterloo).

Los investigadores pusieron el foco en los cortes de la autopista AP-7; acciones en el Camp Nou o en el intento de bloqueo del aeropuerto El Prat. Lo que en un principio parecía un movimiento de radicales independentistas fue evidenciando que se trataba de una estructura perfectamente jerarquizada en cuya cúspide se encontrarían dirigentes vinculados a la cúpula de ERC y a Junts per Catalunya.

Escuchas telefónicas

De hecho, la Guardia Civil situó en su último informe a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como una de las dirigentes en la sombra de esta plataforma. "Tsunami Democràtic tiene un mando, un conjunto de líderes que preparan y coordinan todas las acciones ya sean de protesta o comunicativas. Es un movimiento bien organizado que, desde su web hasta el último mensaje que pueda ser lanzado. Todo es un proceso considerado y pensado", reza el documento.

Las conclusiones se amparan, principalmente, en las escuchas telefónicas practicadas a todos los implicados que afloran las órdenes de la cúpula en las acciones de protesta. Así, se constata que los implicados se comunicaron a través de la red Signal, emplearon alias y se dieron consignas concretas incluso en tiempo real. Eso ocurrió durante el asalto al aeropuerto del Prat, donde Vendrell (uno de los jefes de Tsunami) mandó llevar "comida y bebida" para abastecer a los que ya estaban en los disturbios.

Durante el corte de la autopista de la AP-7 a la altura de La Junquera, también Vendrell tuvo un papel relevante, a tenor de lo interceptado en su vehículo el 18 de octubre de 2019. "No sé, no sé. Yo también pensaba que era imposible montar un escenario en mitad de la autopista y lo montamos", dijo. En otra ocasión, con motivo de disturbios en el Camp Nou, dejó caer su papel de mando: "Estaré allí con el pinganillo y siguiendo todo lo que haya", expuso.

Así pues, tras adherir todas las conclusiones policiales el fiscal al frente del caso se ha pronunciado sobre los hechos ensalzando que se trata de actividades presuntamente ilícitas aunque no penadas por sedición, delito que derogó el Gobierno de Pedro Sánchez para cumplir con lo pactado con ERC. Una vez que la Fiscalía traslade al juzgado sus conclusiones, se pronunciará el magistrado instructor del caso, el cual determinará si la causa permanece en la Audiencia Nacional o, tal y como baraja la Fiscalía, se deriva al juzgado competente.

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