El Tribunal Supremo (TS) hizo público el pasado 30 de septiembre un fallo donde dictaminaba que los fiscales Anticorrupción no están aforados ante la Sala Segunda del Alto Tribunal. En concreto, la Sala de lo Penal acordó no admitir a trámite una querella que el comisario José Villarejo interpuso contra los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa por urdir supuestamente una "oscura conspiración" contra su persona.
En un auto, cinco magistrados de la Sala Segunda de distintas sensibilidades acordaron por unanimidad que se debía rechazar la admisión a trámite de dicha querella por falta de competencia puesto que los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que dirige Antonio Salinas, no gozan de aforamiento ante el Alto Tribunal.
En la resolución, la Sala explicaba que el hecho de que los fiscales Anticorrupción operen en todo el territorio nacional no es un "presupuesto determinante del aforamiento" ante el Tribunal Supremo ya que "la adjudicación de un aforamiento a todos y cada uno de los integrantes de las Fiscalías Especiales, sin otro encaje que esa referencia al ámbito geográfico en el que se desempeña su cometido funcional, reforzaría injustificadamente el aforamiento excepción ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en detrimento de la regla general fijada para los miembros del Ministerio Fiscal". Asimismo, los magistrados subrayaron que el TS "no puede alentar una concepción cuasiprotocolaria del aforamiento, de suerte que su vigencia quede asociada a una mal atendida preeminencia de uno u otro cargo".
"Un ataque directo" a Anticorrupción
Lo cierto es que esta decisión unánime del Alto Tribunal ha sentado como un "ataque directo" al departamento que dirige el fiscal Antonio Salinas. Varias fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por Vozpópuli, sostienen que ese fallo "genera indefensión a sus fiscales" que operan contra mafias y crímenes organizados en toda España y que van a exponerse a partir de ahora que se querellas contra ellos en "tribunales superiores de justicia que están muy politizados". Las mismas fuentes ponen el ejemplo de "Cataluña y Valencia" donde estos fiscales investigan causas tan delicadas como al financiación ilegal de Convergencia a través de las comisiones del 3 por ciento o la financiación irregular del PP valenciano.
"No es lógico que los fiscales de la Audiencia sí estén aforados en el Supremo y los fiscales Anticorrupción no", sostienen fuentes del departamento de Antonio Salinas
Asimismo, en Anticorrupción consideran que aunque el argumento jurídico del Tribunal Supremo es defendible "no es lógico que los fiscales de la Audiencia Nacional sí estén aforados mientras que los fiscales Anticorrupción, que trabajan directamente con la Audiencia, no lo estén". "Ser fiscal Anticorrupción debería ser un plus y no tenemos ni el mismo trato", denuncia otro integrante del Ministerio Público.
Por otro lado, otras fuentes del departamento encabezado por Salinas añaden que el auto del Supremo "no explica por qué se nos excluye de ese aforamiento. No tiene mucho sentido que teniendo jurisdicción en todo el país se nos niegue".
"Sorpresa en la Fiscalía General"
Si bien la decisión del Alto Tribunal ha generado "revuelo y malestar" en Anticorrupción, en la Fiscalía General del Estado ha causado "sorpresa", según ha podido saber este periódico. En el departamento de Consuelo Madrigal se discrepa del fallo y no se entiende por qué el Supremo ha decidido negar el aforamiento a los fiscales Grinda y Rosa.
Se da la circunstancia que la misma Sala Segunda admitió la competencia para resolver una querella contra estos dos mismos fiscales y el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interpuesta por integrantes de la mafia china liderada por el empresario Gao Ping y que fue archivada por el Alto Tribunal. Sin embargo, en ese caso el tribunal entendió que el aforamiento de Andreu arrastraba al de los fiscales.
No obstante, fuentes del Supremo consultadas por este periódico recalcan que el aforamiento no puede entenderse como un "privilegio" y que existe la necesidad legal de interpretarlo de forma "restrictiva" ya que así lo ha venido sosteniendo una y otra vez este mismo órgano.
