Sin mayoría absoluta en ninguna de las siete comunidades donde gobierna desde las últimas elecciones autonómicas, el PSOE quiere evitar que la presentación de sus presupuestos quede al margen de la carrera electoral abierta hasta el 20 de diciembre. El objetivo es armonizar el discurso económico en todos estos territorios, aprovechando que manejan unas cuentas que superan los 63.000 millones de euros. Los consejeros de Extremadura, Baleares, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias se reunieron en Madrid en la sede federal de su partido para emitir un mensaje uniforme cuando en cuestión de días expongan sus compromisos para el año que viene.
Antes de que finalice octubre, las siete comunidades que gobierna el PSOE presentarán unos presupuestos con mensajes uniformes
A la vista de lo que el PSOE se juega en las próximas elecciones generales, Pedro Sánchez no quiere que se le escape ningún detalle que pueda ensombrecer la inminente presentación de su programa electoral. En las últimas semanas, han surgido contradicciones en asuntos sensibles relacionados con la reforma laboral o los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas. Esto es algo que se quiere evitar a toda costa y los presupuestos autonómicos pueden ser una oportunidad para demostrar cohesión y, al mismo tiempo, para exhibir las diferencias con la política económica del Gobierno.
Dos son las dificultades a las que se enfrenta el PSOE para conseguirlo. En primer lugar, que en la mayoría de las comunidades donde gobierna o influye –esto último también en Canarias y en Cantabria–, lo hace gracias al respaldo de Ciudadanos, Podemos, de Compromís, de IU o de organizaciones afines, interesadas en disparar el gasto social sin atender demasiado los compromisos de déficit fijados con la Hacienda estatal. En segundo lugar, estos territorios son, en estos momentos, junto a Cataluña, los que arrastran una deuda más elevada, pues en total roza los 100.000 millones de euros. Solamente la Valencia, presidida por Ximo Puig, debe unos 38.000 millones, casi el 38% de su PIB, lo que la obliga a destinar a intereses y a vencimientos la mayor parte del dinero que recibe del Estado.
Auxilio financiero condicionado al cumplimiento del déficit
Para facilitar el pago a proveedores de los gobiernos regionales, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro les ha inyectado durante los dos últimos ejercicios más de 46.000 millones a través del Fondo de Liquidez, a los que se suman más de 20.000 transferidos en lo que va de año. Este auxilio financiero está condicionado a que las comunidades respeten el límite del 0,7% de déficit conforme al acuerdo negociado el pasado julio en el Consejo de Política Fiscal, pues sin esta disciplina es difícil que el Estado cumpla con el 4,2% al que se ha comprometido con Bruselas.
Fuentes socialistas matizan que si Pedro Sánchez ganara las próximas elecciones generales y formara Gobierno, no trataría de renegociar nuevos objetivos de déficit con Bruselas para dejar mayor manga ancha a las comunidades autónomas sino de repartir de forma diferente las cargas entre las tres administraciones, con el fin de que las más gravosas no recaigan sobre los gobiernos autonómicos.
Los gobiernos regionales del PSOE arrastran una deuda cercana a los 100.000 millones
En el medio plazo, el PSOE no descarta la posibilidad de revisar las reglas de gasto que impone la ley de Estabilidad Presupuestaria, pues está en desacuerdo con la metodología aplicada una vez se consigue el equilibrio fiscal.
A la reunión de este martes con los consejeros de Economía socialistas asistieron el exministro Jordi Sevilla, responsable de esta parcela en el programa electoral, el secretario de Economía de la ejecutiva federal, Manuel de la Rocha, y el portavoz de Hacienda en el grupo parlamentario, Pedro Saura. Mientras tanto, Pedro Sánchez busca un cara a cara con Mariano Rajoy para debatir sobre los Presupuestos estatales que el Congreso aprobará de manera definitiva la semana que viene, aprovechando que Bruselas acaba de ponerlos en cuestión.
