Los GAL, sobresueldos en la Policía, joyas y regalos, pagos injustificables… Estas son sólo algunas de las vergüenzas que acumula el proceloso mundo de los fondos reservados. Son partidas de dinero público en manos de la Secretaría de Estado de Seguridad que se emplean para sufragar operaciones especialmente sensibles, desde la compra de confidentes hasta la adquisición de materiales de investigación. Por definición, permanecen en secreto, pero no siempre es así. En ocasiones emergen a la luz pública casos que propagan el hedor de las cloacas en forma de delitos o, cuanto menos, algunas sospechas.
El último foco de dudas ha llegado de la mano del espinoso ‘caso Villarejo’. Según desveló 'OK Diario', entre las actividades del excomisario, a menudo poco ortodoxo, la Audiencia Nacional investiga pagos procedentes de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas a cambio de que le robase documentos comprometedores al extesorero del PP. Hace tres años 'El Español' empezó a detallar esta operación que recibió el nombre en clave de Kitchen. Se trataba de saber qué otra información pudiese atesorar Bárcenas tras publicar la supuesta contabilidad B del PP que tanto daño le hizo al partido.
La Audiencia Nacional ya le ha pedido al Ministerio del Interior un informe detallado sobre estos trabajos, incluso el nombre de sus “últimos responsables”. No consta que Villarejo integrase ninguna de las unidades a las que la Audiencia Nacional confío la investigación sobre los sobresueldos en el PP. Tampoco llegó a aportar ningún documento al juez. En cuanto al chófer de Bárcenas, además de los pagos, luego disfrutó de una meteórica y atípica carrera en la Policía, según documentó 'El Español'.
200.000 euros a De la Rosa
Esto avala la sospecha de que en realidad se tratase de una operación para proteger al partido encabezado por Mariano Rajoy, entonces en el Gobierno. Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que dirigía Eugenio Pino, persona de confianza del ministro Jorge Fernández Díaz.
Estos son algunos de los nombres que también protagonizaron la denominada 'operación Cataluña' para hacer aflorar la corrupción entre el independentismo catalán y lograr que influyera electoralmente. Según informó ABC, Cuando fue detenido el ‘pequeño Nicolás’, dijo a los investigadores que Villarejo le había pagado 200.000 euros al empresario Javier De la Rosa a cambio de aportar información comprometedora de los Pujol.
Los fondos reservados también ocasionaron un incendio al actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. 'Vozpópuli' desveló que el Ministerio había dejado sin el dinero de esas partidas a unidades investigadoras clave de la Policía y la Guardia Civil, entre ellas la UCO. Su entonces responsable, José Manuel Sánchez Corbí, remitió a sus subordinados un correo interno instándoles a suspender las actividades que dependiesen de ese dinero. Esa comunicación le costó el puesto al mando, a la espera del recurso que presentó ante el ministro.
Marlaska revisó los gastos del PP
Desde Interior alegaron que se había paralizado la autorización de esos fondos porque estaban revisando los criterios para su uso empleados por los anteriores ministros del Gobierno ‘popular’. Esta muestra clara de desconfianza se plasmó en una renovación de los protocolos. “Déjenme que sobre fondos reservados, cuando comparezca en la comisión ‘ad hoc’ del Congreso (siempre a puerta cerrada), explique esas circunstancias”, zanjó este jueves de forma enigmática un hermético Grande-Marlaska. Había sido preguntado acerca de si esa revisión había arrojado gastos difíciles de justificar.
En numerosas ocasiones las autoridades han apelado al necesario secreto para no dar explicaciones sobre estas partidas que, de airearse, perderían su efectividad. Pero el pretexto de la seguridad o la discreción exigida también sirvió como tapadera para desmanes. En 2004 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a siete años de prisión al exsecretario de Estado de Seguridad socialista, Rafael Vera. También condenaba al exdirector general de la Policía José María Rodríguez Colorado y al exdirector de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal.
Los jueces determinaron que Vera se lucró personalmente "en cantidades importantísimas" y sustrajo "mucho más dinero a favor de otros, hasta una cifra global que supera de lejos los 600 millones de pesetas" de los fondos reservados. La cifra era de 645 millones (3,8 millones de euros) de los cuales 141 millones fueron sustraídos para sí, repartiendo el resto entre los demás condenados y el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.
"Pluralidad de funcionarios" pagados
La Audiencia de Madrid también llamaba la atención acerca de la “pluralidad de funcionarios” de la seguridad del Estado que se habían beneficiado de gratificaciones procedentes de estos fondos reservados, si bien el juicio se limitó a unos pocos responsables. La sentencia también dejaba claro que el argumento de la seguridad no puede ser un obstáculo para conocer el uso de estas partidas.
La resolución consideraba impensable entender que "la Ley de Secretos Oficiales haya querido proteger y ocultar delitos integrados por la desviación de estos fondos a fines diferentes a los constitucionales y legalmente asignados, aplicándolos al propio enriquecimiento y creando, de esa guisa, injustificados espacios de impunidad".
Grande-Marlaska no es el primer responsable de Interior que interviene en la forma de gastar esos fondos. Un ex alto cargo de ese mismo Ministerio recuerda a este periódico que en una ocasión adoptó una serie de medidas que obligaban a justificar mejor en qué se empleaban. “A la siguiente reunión con mandos afectados por esta decisión me negaron el café. Luego me enteré que los funcionarios habían dicho que si no había fondos, no había café”, relata.
Sobresueldos, Domínguez y Amedo
‘Vozpópuli’ viene publicando las últimas semanas el contenido de varias conversaciones mantenidas por Villarejo y su socio y compañero el comisario Enrique García Castaño. En esas charlas, el primero le comenta una serie de operaciones en las que participó a cargo de los fondos reservados. Desde pinchazos a periodistas hasta la compra de una casa al expresidente del Gobierno Felipe González. Por su parte, García Castaño le revela quienes en la Policía cobraban sobresueldos.
En conversación con este periódico, Vera admitió esos pagos en B, dijo que era una práctica heredada de la UCD, pero los calificó como gratificaciones por dedicación y riesgo en el marco de la lucha antiterrorista. La justicia lo entendió de otra manera, como sucedió en el ‘caso Maletines’. En 2007 el exsecretario de Estado de Seguridad volvió a ser condenado porque, entre 1988 y 1994, destinó otros 206 millones de pesetas de los fondos reservados a "compensar la disminución de ingresos" de los ex policías Míchel Domínguez y José Amedo, tras ser procesados por el terrorismo de Estado de los GAL.
