Los funcionarios de Castilla-La Mancha llevan en pie de guerra desde hace seis años. La aprobación entonces de la Ley del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, más conocida como “ley Cospedal”, tiene la culpa.
Se trata de una legislación aprobada en los años que gobernaba la comunidad María Dolores de Cospedal, y que “bloquea derechos fundamentales a los empleados públicos”, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Tras la salida del PP del gobierno autonómico, los funcionarios exigen ahora al socialista Emiliano García-Page la derogación total de la norma.
La ley se puso en marcha como forma de restricción del gasto en plena crisis económica, pero desde CSIF denuncian que “tras seis años de esfuerzo y sacrificio por parte de los trabajadores de la Función Pública siguen sin producirse avances en la recuperación de derechos y reversión de recortes”.
La ley se puso en marcha como forma de restricción del gasto en plena crisis económica
Entre las medidas que impuso está la jornada laboral de 37,5 horas semanales en lugar de las 35 anteriores. Aunque esto es una medida estatal, la organización sindical considera que los ejemplos de Andalucía y Extremadura, donde sí se ha revertido esta situación “son pruebas de que es posible alcanzar acuerdos en los diferentes ámbitos autonómicos”.
En el apartado económico, y a pesar del fin de la 'tasa Cospedal' que supuso una reducción retributiva del 3%, “los empleados públicos están muy lejos de alcanzar el nivel adquisitivo previo a la crisis”; la pérdida salarial acumulada en estos seis años es, según las cuentas de CSIF, de un 16,5% y el Gobierno regional sólo ha planteado una subida del 0,5% en 2019.
Sanidad
Respecto a los derechos laborales, el mayor impacto se produjo en el área sanitaria, donde los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) continúan con la carrera profesional paralizada, que según los sindicalistas produce un trato de desigualdad retributiva entre empleados que prestan los mismos servicios.
Asimismo, el personal interino no cobra la carrera profesional en Castilla-La Mancha”, aseguró el presidente del Sector de la Sanidad de CSIF en la región, Sacramento Rodríguez.
Tampoco se sustituyen a los trabajadores de todas las categorías sanitarias y no sanitarias desde el primer día, lo que provoca mermas importantes en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Cuando los trabajadores cogen asuntos propios los servicios no son reforzados ni en aquellos puestos donde hay algún sanitario que se acoge a la reducción de jornada, siempre la versión de CSIF.
Educación
En educación se lleva a niveles máximos la horquilla de horas lectivas: 20 en Enseñanzas Medias y 25 en Primaria. Al igual que con la regla de las 35 horas semanales, esto se ha solucionado en otras comunidades como Castilla y León o Andalucía.
“Se hace necesaria una bajada de ratios para llegar a los números anteriores a los recortes, y ello no se contempla ni durante este curso ni para el siguiente, lo que sin duda afecta negativamente a la calidad de la enseñanza pública de la comunidad, como también es negativo el modelo de plurilingüismo o la falta del profesor de apoyo en educación infantil que se impusieron en la etapa de Cospedal y que se perpetúan hoy en día”, apuntan en un comunicado desde la organización sindical.
Cronología
Tras la aprobación de la Ley en 2012, las primeras consecuencias no se hicieron esperar. Desde CSIF apuntan que las más sustanciables fue la merma en la calidad asistencia a los ciudadanos ocasionados “por los recortes”. Dos años más tardes “los trabajadores mantenían los estándares de calidad pero el daño sufrido fue terrible, con plantillas deficitarias y condiciones laborales pobres”.
Tras pasar toda la legislatura prometiendo que derogaría los efectos de la ‘ley Cospedal’, Emiliano García-Page llega a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Según los funcionarios, las promesas pasaron rápidamente ha convertirse en meros recuerdos que nunca se materializaron.
CSIF reconoce que en 2016 se alcanzó un “acuerdo de mínimos con sindicatos afines” que, en su opinión, no sirvió para nada. Un año más tarde se anunciaba la recuperación de los derechos a bombo y platillo ya que se abono la parte pendiente de la paga extra y se devolvió el 3% del sueldo que había recortado Cospedal, “pero no se puede hablar de recuperación tras un 16,5% de pérdida salarial acumulada”, aseguran las fuentes consultadas.
