La historia de los denunciantes de corrupción en España suele ser de calvario y frustración, pero no siempre de derrota. El sevillano Francisco Javier Perejón conoce la dignidad de ganarle partidos a Goliat. Es ingeniero y cree en un Dios: los documentos que dan vida a la que es su misión desde hace una década. Una voluntad a prueba de sudor y lágrimas contra un desafío familiar que se ha vuelto ético y profesional: la causa de su vida.
"A mi mujer le costaba tener hijos. Cualquier producto químico, como los que se usan en la limpieza, le inducía a un aborto y/o a malformaciones en el feto, y con esos mismos productos me topé el día que empecé mi lucha como denunciante de corrupción en la Junta de Andalucía", comienza diciendo este veterano empleado de la Empresa Pública de Deporte y Turismo de Andalucía a Vozpópuli.
"Era el año 2010, acababa de ser designado supervisor de las instalaciones deportivas de la Junta. Haciendo mi primera inspección en la instalación deportiva más grande de la Junta, en la Garza de Linares, observo que se encontraba fuera del casco urbano y pregunto cómo se llevaba a cabo el suministro de agua y en especial el de consumo humano. Solicite las autorizaciones correspondientes, y me indican que el sistema no estaba en regla: se estaba dando agua posiblemente no potable, y con algunos elementos químicos en niveles que se acercaban a lo ilegal, además con el desconocimiento tanto por parte de trabajadores, de usuarios y empresas que allí trabajaban", dice Perejón.
"Fue el comienzo de todo, el click de pensar en lo que vivía mi mujer y verlo en miles de madres y niños que iban a la instalación....no me podía permitir consentir semejante barbaridad. Así que empecé a hacer gestiones y a redactar informes procurando no poner en peligro puestos de trabajo de gente que no tenía nada que ver...Pero había que cerrar el grifo de esa instalación hasta que no se regularizara".
El descubrimiento de Perejón y sus gestiones tardarían en salir a luz. Tres años, en concreto, hasta que el ABC de Sevilla publicó un informe del director de la instalación cediendo a las "denuncias de los técnicos" y reconociendo que La Garza había operado durante trece años de una forma que no garantizaba que el agua fuera potable.
Yo utilizaba los cauces administrativos para intentar enterarme de todo y pelear dentro de la empresa para cambiar el sistema, pero se me volvió en contra. La gente dejó de hablarme"
Fue una primera victoria, pero para nada gratuita. La clásica espiral del silencio al denunciante mediante había empezado a hacer de la suyas. "En 2012 me enteré también que un alto directivo de la Junta, al ver que regularizar la Garza costaba dos millones de euros, prefirió que todo siguiera igual. Al tiempo los arreglaron...pero con 45.000 euros. Yo utilizaba los cauces administrativos para intentar enterarme de todo y pelear dentro de la empresa para cambiar el sistema, pero se me volvió en contra".
"La gente dejó de hablarme. Me miraban feo. Y los jefes empezaron a encerrarme en oficinas y a amenazarme. A dejarme entrever que mi puesto de trabajo corría peligro. Me presionaron y me abrumaron encargándome trabajos que no servían para nada. Era todo nervios y presión sinsentido, y me vi obligado a pedir una excedencia", dice Perejón, que confiesa que para 2013, mientras la sociedad ya se beneficiaba de sus anónimos descubrimientos, él había empezado a tomar pastillas. No tardaría en empezar a ir al psicólogo.
"Dos semanas antes de que me reincorporara, me llega un burofax en el que se informaba de un traslado forzoso a Granada desde Sevilla, siendo la empresa pública conocedora de que yo tenía, ya para entonces, un pequeño hijo con parálisis cerebral. Empezaron a ensañarse conmigo, pero yo no podía traicionarme", cuenta emocionado. Perejón impugnó el traslado y, con la ayuda del CSIF, consiguió una cautelar para seguir en su ciudad hasta que no se celebrara el juicio.
"Estuve un año en una mesa donde no había nada, ni un lápiz, el poco trabajo que me mandaban lo tenía que resolver con un teléfono, era evidente que molestaba...y a mí me molestaba la silla en la que estaba, me generó problemas de espalda". El juez finalmente le dió la razón: era absurdo mandar un técnico de inspección a una pequeña jurisdicción como Granada en la que ya había otro.
La punta del iceberg
Para ese entonces, el denunciante ya había asumido que lo de La Garza era la punta del iceberg. Y ante la inactividad que le imponían, se rebeló y empezó a intensificar sus denuncias, metiéndose con posibles dedazos y adjudicaciones sospechosas a unas mismas empresas. Eso sí, siempre con un documento en la mano. Sabía que si no, todo sería en balde. "He llevado muchos temas a la Justicia pero, o no encontraban indicios de delito, o todavía siguen investigando; hay que encontrar la mayor cantidad de pruebas y documentos posibles", dice Perejón. Recurrió así al Portal de la Transparencia e interpuso unas 200 peticiones. Una de ellas tiempo después afloraría que la Junta no tenía evidencia del proceso de selección del subdirector jurídico de la empresa, del que se sospecha que fue 'colocado' por su cuñada.
"Se fueron cabreando más y más hasta que encontraron un motivo. Una de mis peticiones de información versaba sobre posibles malas relaciones entre un jefe y varios trabajadores a su cargo, y el gerente de la empresa, Manuel Muñoz (actual secretario de Turismo de la Junta), entendió que yo, al pedir información a Transparencia, le estaba ofendiendo públicamente. Me abrieron un expediente de despido por mal comportamiento con mis compañeros. Mi abogada respondió con 40 folios en mi defensa, pero dio igual. En 2017, estaba en la calle".
Resurgir del despido
Javier no se rindió. Volvió a dar la batalla en los juzgados. Su mujer tuvo que tirar del carro familiar. Y él, tragar con todo y tirar para adelante sin apechugar. "No he querido salir en los medios hasta ahora porque solo mi mujer y otros amigos denunciantes conocen el caso. Mis padres no, les hubiera hecho mucho mal".
Fueron dos años, largos y casi interminables...pero quien perservera, triunfa, dice el refrán. El pasado mes de diciembre, un juez concluía que no había habido más razón para su despido que "su continua petición de información y denuncias": anulaba el cese y le devolvía a la lucha, a la vida. La contundencia del fallo ha sido tal que la Junta ha acabado 'asumiendo' el triunfo de Perejón: ha retirado el recurso contra la nulidad de su despido y le ha readmitido. Se ha ganado el derecho a volver a luchar.
"Empecé esta semana, pero nada más llegar descubrí que queda mucha batalla por dar: a mí regreso, toda la información sobre mi trabajo ha desaparecido, me han dicho que ordenaron borrarla. Me han dejado sin prácticamente pruebas de mi trabajo, y no tengo copias de seguridad: nos decían que podía traer virus...pero esto no quedará así", insiste el denunciante de corrupción. En su batalla ya no está solo: cuenta con el más unánime de los apoyos por parte del colectivo de denunciantes. "Están avisados. Mi readmisión es solo un triunfo que empuja a seguir, pero soy consciente de que esto no ha acabado. Queda mucha suciedad por limpiar".
