Dejar de pagar facturas de los contratos amañados por la trama Púnica y conseguir la devolución de lo ya abonado. Ese es el objetivo del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Parla, encabezado por el ‘popular’ Luis Martínez Hervás, que en un reciente escrito presentado en la Audiencia Nacional pide al juez Eloy Velasco dos medidas. Por un lado, que le exima de hacer frente a los cargos que la filial española de la multinacional Cofely-GDF Suez le reclama por un contrato de eficiencia energética adjudicado presuntamente de manera irregular. Por otro, que las cantidades ya entregadas, y que superan los 850.000 euros, le sean restituidos por las 16 personas identificadas por la investigación como presuntos implicados en dicho pufo.
En dicho escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el consistorio sostiene que se trata de “evitar la perpetuación de los resultados del delito, pues en caso contrario el justiciable, en este caso nada menos que una de las víctimas (en alusión al ayuntamiento), observaría con estupor que, por mucho que esté abierta una instrucción en la que se recogen indicios de ser delictivo un contrato, se sigue dando cumplimiento” al mismo. Podría darse la paradoja, dice el escrito, de que el contrato se consumara en su totalidad antes de que hubiese una sentencia condenatoria que anulara la validez del mismo.
Recientemente, el juez Velasco invitó en una providencia a los ayuntamientos afectados por contratos amañados con Cofely España SAU a no pagar los mismos. El magistrado ponía de relieve la existencia de importantes indicios de la irregularidad de los contratos que, en su opinión, “pueden originar los procesos de revisión o suspensión”. Velasco señalaba que no entraba dentro de sus competencias penales decidir el pago o no de dichos cargos, pero recalcaba que el origen de los mismos era fruto de “la voluntad viciada del ayuntamiento como órgano adjudicante, sometido a los pactos de corrupción”.
El consistorio pretende evitar que Cofely siga cobrando las facturas por el contrato amañado de eficiencia energética
Aunque algunos ayuntamientos han decidido ya no abonar las facturas de Cofely, la compañía ha acudido a la vía contencioso-administrativa para exigir el pago de las mismas, y los tribunales están condenando a los consistorios a pagar de forma inmediata las cantidades debidas. Ante esta situación, el escrito del Ayuntamiento de Parla pretende un pronunciamiento expreso del juez instructor del ‘Caso Púnica’ ya que, interpreta, “no existe ninguna otra fórmula tendente a evitar el pago de tales facturas” al haberse desestimado la “excepción de prejudicialidad penal”, es decir, que predomine el proceso penal sobre el civil y el pago quede supeditado a la resolución del primero.
Medida cautelar
La medida cautelar, dice el escrito del consistorio, “pretende impedir que dicha sociedad (Cofely), investigada precisamente por hechos supuestamente delictivos en relación con la adjudicación del contrato, siga percibiendo los beneficios de un contrato presuntamente incurso en causa de nulidad radical como consecuencia de la comisión de un posible delito”. El escrito pone como ejemplo la suspensión cautelar de los contratos de los depósitos y pagos aplazados en los casos Fórum Filatélico y Afinsa.
El ayuntamiento pretende también que, además de Cofely, dieciséis responsables de las presuntas irregularidades cometidas, entre ellas los directivos de la compañía Constantino Álvarez, Didier Maurice y Pedro García Pérez; el que era alcalde cuando se firmó el contrato, el socialista José María Fraile; su jefe de gabinete, Antonio Borrego Fortea; la concejal de Obras, Victoria Sánchez Agüera; el presunto ‘cerebro’ de la trama Púnica, David Marjaliza, y su secretaria, Ana María Ramírez, presenten una fianza por el importe de las facturas ya cobradas, que asciende a 850.493,37 euros. Considera que, de demostrarse judicialmente la comisión del amaño, el municipio “tendría derecho a la devolución del 100% del precio pagado con sus intereses, sin obligación de restitución alguna por su parte”.
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la existencia de sólidos elementos probatorios que acreditarían que el contrato concedido por el ayuntamiento de Parla a Cofely el 28 de junio de 2013 por importe de algo más de 54 millones de euros habría sido decidido de antemano a cambio de contraprestaciones económicas a través de David Marjaliza y el entramado empresarial controlado por él.
