Jersey gris claro y camisa azul. Sin gafas. Rostro serio. Cara de cansancio. Y, de fondo, la característica escala en blanco y negro que permite calcular la estatura de los detenidos. Es la imagen de la reseña policial que la Guardia Civil tomó de Francisco Granados en el Cuartel de Tres Cantos el 27 de octubre de 2014, el día de su detención por su presunta implicación en el 'caso Púnica'. Desconocida hasta ahora, la misma ha sido incorporada recientemente al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en un informe para ilustrar un diagrama sobre los flujos de dinero en el extranjero de él, su mujer, María Nieves Alarcón, y el constructor David Marjaliza. Es la primera vez que sale a la luz, ya que tanto el Ministerio del Interior como los jueces evitan que este tipo de imágenes se hagan públicas.
Hasta ahora, las únicas imágenes del político que existían de aquel día fueron las que le tomaron los medios de comunicación cuando salía de su domicilio a bordo de un vehículo camuflado de la Guardia Civil. Días después se registró una segunda, durante un trámite ante un juzgado tras acogerse Granados a la figura del 'habeas corpus' y denunciar, sin éxito, lo que consideraba una detención ilegal. Más adelante, aparecieron varias fotografías suyas tomadas de manera clandestina en la prisión de Estremera, donde aún permanece recluido. Las más recientes son las que se pudieron captar en la Asamblea de Madrid durante sus comparecencias por videoconferencia en la comisión de investigación de la corrupción creada en el parlamento regional. Además, el pasado mes de junio, Vozpópuli también publicó la imagen en blanco y negro que de él aparecía en la ficha penitenciaria que se creó para registrar su salida de prisión del pasado 17 de noviembre para asistir a un registro.
Precisamente, el Ministerio del Interior decidió en diciembre de 2014, pocos meses después del ingreso en la cárcel de Granados, 'blindar' las fichas de los presos más mediáticos que se guardan en el Sistema de Identificación Automatizado (SIA) de Instituciones Penitenciarias para evitar la filtración a la prensa de las imágenes que se tomaron a estos reos oficialmente en prisión cuando ingresaron. Quería impedir que se volviese a producir lo ocurrido con Luis Bárcenas, cuya foto penitenciaria fue publicada menos de un mes después de su encarcelamiento en la cárcel de Soto del Real, lo que provocó que su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño, pidiera al juez Pablo Ruz que investigara penalmente el suceso. La protesta no se quedó ahí y el letrado también remitió al Ministerio del Interior un fax dirigido al propio Jorge Fernández Díaz en el que denunciaba el suceso. Prisiones terminó abriendo un expediente a un funcionario de otra cárcel madrileña, en este caso de Alcalá-Meco, que según los registros informáticos había visitado en varias ocasiones el archivo que sobre el extesorero del PP figuraba en la base de datos de Instituciones Penitenciarias.
