Tras dos meses de haberse dictado la sentencia del procés, el independentismo acumula otros cinco frentes judiciales. El president de la Generalitat Quim Torra se enfrenta a un procedimiento por las pancartas en apoyo a los "presos políticos" y a un fallo por los lazos amarillos. El presidente del Parlament Roger Torrent afronta una investigación de la Fiscalía por desobedecer al Tribunal Constitucional. La Mesa de la Cámara catalana está a punto de ir a juicio por un delito de desobediencia. Y la portavoz de JxCat Laura Borràs está bajo la mira del ministerio público por presuntos contratos irregulares de la etapa en la que presidió la Institució de los Lletres Catalanes (ILC).
En simultáneo, tal y como ya explicó Vozpópuli, la Justicia investiga la corrupción del secesionismo más allá del 1-O. La Fiscalía de Cataluña y los juzgados de instrucción número 1 y 16 de Barcelona dirigen pesquisas en diferentes causas contra miembros del Govern, Mossos d'Esquadra y asociaciones afines a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) por presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Con este escenario se prevé que el independentismo acabe el 2019 y empiece el 2020 en los tribunales de Cataluña y de Madrid.
Sentencia por los lazos amarillos
El primer frente judicial al que se enfrentará el secesionismo será probablemente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el presidente Torra. El pasado 18 de noviembre, se celebró el juicio contra el jefe del Govern por un delito de desobediencia tras negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.
Torra reconoció su culpabilidad en la vista oral y señaló ante el tribunal que "no" quitó los símbolos porque era "imposible obedecer una orden ilegal" dictada por un organismo que no tenía la competencia para tomar esa decisión. “Llegué a esa conclusión porque la JEC no es un órgano jerárquico superior al presidente de la Generalitat, en absoluto. Y segundo porque [yo] no tenía ninguna competencia en ese caso. Recordar que eran unas elecciones a las Cortes españolas y la Generalitat no tenía ninguna participación en ese proceso electoral”, dijo el líder catalán.
La Fiscalía Superior de Cataluña pide su inhabilitación por un año y ocho meses por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) y una multa de 30.000 euros.
Nuevo causa contra Torra
Al fallo por los lazos amarillos se suma una nueva investigación contra el president por otro delito de desobediencia. Se le acusa de desoír al TSJC cuando le ordenó retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los presos del procés.
Los hechos investigados se remontan a septiembre, cuando se estimaron las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano. La asociación pidió retirar el cartel al considerar que incumplía los deberes a los que está sometida la administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía; la Justicia le dio la razón. La Generalitat se negó en dos ocasiones a acatar la resolución judicial.
Este martes, la Sala Contenciosa del TSJC acordó que la causa siga adelante en la vía penal por si los hechos encajan con un delito de desobediencia. En el marco de la investigación se nombró al magistrado Carlos Ramos Rubio ponente del procedimiento.
La investigación a Torrent
A la presunta desobediencia de Torra le sigue la de Torrent. El pasado 13 de noviembre la Fiscalía General del Estado instó a la Fiscalía de Cataluña a que investigara si el presidente del Parlament y el resto de integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica han cometido algún tipo de delito al desobedecer al Tribunal Constitucional, que les había prohibido promover la votación de iniciativas parlamentarias sobre la independencia.
La decisión del ministerio público tuvo lugar después de que el tribunal de garantías advirtiera en cuatro ocasiones al presidente del Parlament de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera ignorar la suspensión acordada por el propio Constitucional respecto de las mociones aprobadas en la Mesa del Parlament sobre la autodeterminación.
El juicio a la Mesa del Parlament
Adicionalmente, los integrantes de la Mesa del Parlament de la era de Carme Forcadell están pendientes de juicio por un presunto delito de desobediencia. En concreto, la Fiscalía pide penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación para los acusados por permitir la tramitación de las leyes del procés.
En esta causa se juzgará a Lluís Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT), Mireia Boya (CUP) y a Joan Josep Nuet (Esquerra Unida i Alternativa). Es precisamente por este último que se ha acordado la suspensión del juicio hasta nueva fecha. El TSJC acordó la medida ante el inminente aforamiento de Nuet, quien esta semana ha acudido a la constitución de las Cortes desde la bancada de ERC.
El meu vot a la Presidència de la Mesa del @Congreso_Es #Llibertat pic.twitter.com/i9bTfjLBkl
— NUET (@NUET) December 3, 2019
Tras la confirmación de Nuet como diputado está por ver si la causa vuelve al Tribunal Supremo, que separó la pieza cuando acordó juzgar a los 12 líderes del procés y la remitió a Cataluña. El Alto Tribunal ya condenó a Forcadell a 11 años y seis meses de prisión por un delito de sedición por el papel "decisivo" que tuvo en crear una "legalidad paralela carente de validez" desde su "privilegiada posición" como presidenta del Parlament.
El caso de Laura Borrás
Pero Nuet no es el único diputado del secesionismo bajo investigación. Esta misma semana, la Fiscalía ha pedido al Supremo que investiga a la diputada de JxCat Laura Borràs por presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La petición del ministerio público coincidió con la ocupación de escaño por parte de Borràs en el Congreso de los Diputados; de ahí que la petición se haya remitido al Alto Tribunal.
A la dirigente independentista se le acusa de delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental ante los indicios hallados por el Juzgado número 9 de Barcelona. Según la Fiscalía, Borràs abusó de su función como directora de ILC y "adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria" contratos a Isaías H., un programador informático amigo suyo, "para defraudar" a la institución "mediante el fraccionamiento ilegal de los mismos" y la "falsificación de presupuestos".
