Bolaños asume la cartera Justicia en medio de un motín interno. Tras el incumplimiento del acuerdo firmado por los de Pilar Llop con jueces y fiscales el pasado verano y en medio de una huelga de abogados y procuradores de oficio, el nuevo ministro tendrá que sofocar un nuevo incendio. Los funcionarios de la Administración de Justicia reanudarán las movilizaciones si no se sienta a negociar con ellos antes de fin de año.
Comisiones Obreras ha emitido este martes un comunicado en el que informa de que los funcionarios, que provocaron paros totales entre el pasado mes de abril y julio, esperan que el nuevo equipo de Félix Bolaños les incluya en las negociaciones con el Ministerio. Además, reclaman mejoras en las condiciones laborales del colectivo y una subida salarial de 430 euros.
El representante sindical, Luis Calero denuncia el trato diferencial que el equipo de Pilar Llop procesó a este colectivo, respecto a los acuerdos firmados con jueces y fiscales y Letrados de la Administración de Justicia. Detalla que el nuevo secretario de Estado nombrado por Bolaños, Manuel Olmero, fue el encargado de firmar dichos acuerdos y quien se negó a negociar con los sindicatos que representan a más de 400.00 funcionarios.
No obstante, el representante sindical recuerda que poco antes de la investidura de Pedro Sánchez, el que hasta este martes ostentaba el cargo secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, ahora en manos de Sofía Puente, "se comprometió verbalmente con los sindicatos".
Manuel Olmero, nuevo secretario de Estado de Justicia
El 'ex número tres' de Justicia "nos dijo que en el momento que hubiera gobierno, haría una oferta retributiva para negociarla". "Por ello, exigimos que se haga de forma inmediata y, en caso contrario, retomaremos las movilizaciones que dejamos suspendidas con motivo de las elecciones generales", explica el Secretario General de la Administración de Justicia de FSC-CCOO.
El sindicato detalla que el primer paso a seguir sería retomar estas movilizaciones y que la opción de convocar un parón todavía no está sobre la mesa. "El planteamiento está hecho, pero todavía no es el momento de convocar una huelga, que es una cosa muy desagradable y muy impulsiva para los trabajadores", matiza.
Luis Calero enumera, no obstante, que las movilizaciones son la última arma" frente al Gobierno. Si no cumplen con lo acordado, el siguiente paso sí sería la huelga. "No esperamos que el nuevo Ministerio de Justicia no reaccione y no haga ninguna oferta, por lo que esperamos no tener que ir a huelga. Esperamos que negocie y no provoque un nuevo atasco en los juzgados y los tribunales", como el que provocó la huelga convocada desde abril a julio.
Los funcionarios de la Administración de Justicia apremian al Ejecutivo de Pedro Sánchez, además de ejecutar la subida salariar que les llevó a huelga, a negociar con los sindicatos los términos del proyecto de ley de eficiencia organizativa. Esta fue aprobada en la anterior legislatura y no llegó a convertirse en ley por la disolución de las Cortes antes de lo previsto.
Según explica Calero, el proyecto ley, que implanta una nueva organización judicial, no recogía los aspectos que afectan a las condiciones laborales de los funcionarios. "Tienen que empezar de nuevo, elaborando un proyecto de ley. El propio Ministerio es el que tiene que negociar con las elecciones sindicales antes de mandar el proyecto definitivo a las Cortes Generales", sentencia.
Asimismo, CCOO exige el desarrollo de la carrera profesional del colectivo, "un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde finales del año 2018". El representante sindical explica que a pesar de estar reconocido por la ley, ningún gobierno ha querido desarrollarlo.
Funcionarios exigen actuaciones "inmediatas"
El sindicato ha defendido este martes en un comunicado que "los 100 días de cortesía que se dan habitualmente a los nuevos gobernantes" no son necesarios en este caso, ya que el nuevo equipo de Bolaños es plenamente conocedor de la problemática. Manuel Olmero que asciende hasta la Secretaría de Estado, después de ser uno de los principales representantes del Ministerio en las negociaciones con jueces y fiscales.
El pasado 3 de noviembre, tres de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales emitieron un conjunto en el que informan de que el Ejecutivo no ha cumplido los términos recogidos en el acuerdo, firmado el 23 de mayo. En concreto, se omitió la petición de aumentar en cien las plazas de acceso a ambas carreras en 2023.
Al otro lado, Justicia mantiene otro frente abierto con los abogados y procuradores del turno de oficio. El colectivo convocó una huelga para el pasado 21 de noviembre, y acusan al Ministerio de obstaculizar el desarrollo de la misma.
Bolaños aterriza en el Ministerio de Justicia con más detractores que fieles. El nombramiento del nuevo ministro ha sentado como un jarro de agua fría en la judicatura: uno de los padres de la futura ley de amnistía, el nuevo Notario Mayor del Reino. La unificación del Ministerio de Presidencia y Justicia es considerada una centralización del poder, en un momento en el que el Ejecutivo de coalición es observado con recelo por jueces y fiscales.
