Denuncia, que algo queda. Bajo esta premisa, el BNG ha hecho hincapié este lunes en las "numerosas sombras" que, en su opinión, rodean la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de la Xunta de Galicia, a la que ha instado a remitir al Parlamento de Galicia todos los contratos sobre la compra de material no fungible realizados durante la emergencia sanitaria. Además, ha reclamado la puesta en marcha de una auditoria externa.
En una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega, el diputado Luis Bará ha denunciado que la "opacidad" ha sido la "norma de actuación" del Ejecutivo autonómico en este asunto y ha afirmado que "no existe en la web ninguna posibilidad de acceder a los contratos de emergencia realizados en los años 2020 y 2020".
En declaraciones recogidas por Europa Press, Bará también se ha referido al hecho de que el Consello de Contas, en su informe de 2023, señala que ya tuvo "numerosos obstáculos" para acceder a los datos por no estar accesibles, concretamente en los contratos relativos a material fungible. El diputado considera que "si la Xunta actuó correctamente no debería tener problema en dar toda la información" y ha recordado que en este momento hay numerosas investigaciones en marcha sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, tanto en la Audiencia Nacional como en distintos juzgados. Hay "demasiadas cosas que no están claras" en la actuación de la Xunta, ha añadido, tras destacar que "no fue precisamente garantista ni adecuada al procedimiento de contratación pública".
Una empresa ajena al sector sanitario
En este punto, ha sostenido que hay "un caso especialmente alarmante y preocupante", como es el "suministro de las mascarillas con la empresa Sibucu 360". Según ha dicho, se trata de una entidad sin relación con el sector sanitario y vinculada a la empresa de iluminación Moonoff, la cual, con cuatro trabajadores, "pasó de facturar 765.000 euros en 2019 a más de 31 millones en 2020". Sobre este particular, ha afirmado que, según la información a la que ha podido acceder, "existen dos contratos entre el 25 de marzo y el 19 de junio que ascienden a 1.950.000 euros". Con todo, señala que en la documentación no coincide el tipo de mascarilla con la cantidad. "Y hay informes que son contradictorios respecto a las cantidades facturadas por esta empresa", ha indicado.
Luis Bará ha señalado, además, que los productos suministrados por esta compañía, mascarillas de tipo FFP2 modelo KN95, "fueron objeto de una alerta" por parte de la Xunta relativa a su acreditación y por "suponer riesgos para la salud de las personas usuarias". Este hecho, ha apuntado, supuso que el Instituto Galego de Consumo e Competencia abriese un expediente sancionador que concluyó en 600 euros.
Para concluir, el parlamentario del BNG ha señalado que su formación quiere saber "cuál es la relación de Sibucu y las empresas relacionadas con Moonoff con el empresario José Ramón García, que fue CEO de Blusens".
Por su parte, el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha insistido en que el Gobierno gallego no tiene "nada que ocultar" sobre la compra de mascarillas durante pandemia y considera que la petición de una auditoría por parte del BNG supone un intento de desviar la atención con respecto al escándalo que afecta al PSOE por el caso Koldo.
"Es escandaloso que pasen los días y se quiera echar tierra sobre este asunto” a través del escapismo, “que es lo que está haciendo el presidente del Gobierno", ha señalado Rueda, para quien la Xunta actuó en todo momento de forma correcta y que las compras de material sanitario ya fueron auditadas por el Consello de Contas. "Abrir ahora una causa general sobre esto es simplemente seguirle el juego a los que no quieren que se hable de lo que se va sabiendo", ha señalado.
Antipopulista
¿ y lo dicen en una rueda de prensa? Pues están cometiendo un delito. Si tienen datos e informes sobre alguna malversación del PP gallego que hagan como Ayuso, que se vayan al juzgado y denuncien. Sino están cometiendo un delito de presunto encubrimiento. Qué fácil es hacer una rueda de prensa y difamar. Podrían decir lo que quieran y no pasaría nada. Si la fiscalía no dependiese de quien depende les abriría una causa por presunto encubrimiento de delito. Menudos sinve.rgüenzas HDP.