Galicia

Galicia pide a Sánchez que convoque una conferencia de presidentes por los "tratos de favor"

Alfonso Rueda lamenta lo vivido en la política española en las últimas semanas y asegura que su deber como titular del Gobierno gallego es defender los intereses de Galicia frente a los privilegios que están recibiendo otros territorios

  • El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda -

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha anunciado este jeuves la decisión del Consello de la Xunta de trasladar al Gobierno central una petición formal para que se celebre una nueva Conferencia de Presidentes ante la “clarísima situación de desigualdad” en la que queda Galicia respecto a otros territorios tras los acuerdos que sustentaron la investidura de Pedro Sánchez. Alfonso Rueda lamenta lo vivido en la política española en las últimas semanas y asegura que su deber como titular del Gobierno gallego es defender los intereses de Galicia frente a los privilegios que están recibiendo otros territorios. “Galicia no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos”, resalta. Por eso, afirma que corresponde a la Xunta “pedir explicaciones” al Gobierno central.

En esta línea, señala que “una de las primeras tareas” que tiene que hacer Pedro Sánchez es convocar a los presidentes de las comunidades para “explicar realmente los pactos, las cesiones realizadas y cómo afectarán” al resto de regiones. La Xunta ya adelantó hace semanas, mediante una declaración institucional, su oposición a unos acuerdos que ahondan en las desigualdades de territorios y premian a unas comunidades mal gestionadas que, pese a incumplir sus deberes como gobiernos autonómicos, son beneficiadas con una distribución de su deuda entre todos los españoles, en clara referencia a Cataluña. Todo indica, además, que Alfonso Rueda denunciará de nuevo el trato de favor que recibirá el País Vasco si consigue la jurisdicción plena para gestionar su espacio costero mientras Galicia, con un Estatuto de Autonomía idéntico, ha visto suspendida buena parte de la ley del litoral aprobada por el parlamento gallego debido al recurso interpuesto por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.

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