España

García Ortiz propondrá una decena de nombramientos en la cúpula fiscal mientras el TS estudia su imputación

El fiscal general acelera con el nombramiento de plazas de la Fiscalía en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y de varias comunidades a la espera de que se pronuncie el Supremo

  • Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo

El Consejo Fiscal del próximo miércoles se prepara para abordar cerca de una decena de nombramientos en la cúpula de la carrera. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, da impulso a estos nombramientos discrecionales en puestos clave como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, y cuatro comunidades autónomas.

En concreto se trata de nueve destinos de la carrera fiscal cuyo estudio se llevará a cabo en plena cuenta atrás para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre una posible imputación al fiscal general por presunta revelación de secretos. De hecho, la Sala Segunda está pendiente de recibir informe de la Fiscalía para dar respuesta a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Mientras tanto, García Ortiz sigue con su agenda y ha convocado al Consejo Fiscal este miércoles 25 de septiembre, en aras a estudiar cerca de una decena de nombramientos discrecionales en la cúpula de la Fiscalía. De todos ellos destaca la plaza de fiscal jefe de la Sala de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo; cargo que desempeña en la actualidad Fidel Cadena.

Fiscalía del Tribunal Supremo

A la plaza optan ocho fiscales de la Fiscalía del Tribunal Supremo, entre los que destacan Javier Zaragoza y Jaime Moreno (ambos fiscales del procés junto con Fidel Cadena y Consuelo Madrigal). Se da la circunstancia de que los cuatro se enfrentaron al fiscal general al negarse a aplicar la amnistía a todos los delitos del procés.

Completan la lista de candidatos el fiscal Álvaro Redondo (artífice del informe que descartó terrorismo de Carles Puigdemont por Tsunami) José Martínez Jiménez; María de los Ángeles Garrido Loreno; Francisco Javier Cuesta; Fernando Prieto y Rafael Escobar Jiménez.

El Consejo Fiscal del miércoles también abordará el nombramiento de dos plazas en las secciones Civil y Penal del Tribunal Supremo. A la primera de ellas concurren un total de nueve aspirantes, de los cuáles cuatro provienen de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García OrtizEuropa Press

Se trata de la 'número dos' de este órgano, Belén Suárez; Teresa Gálvez, fiscal al frente de procedimientos como el caso Odebrecht y la trama Púnica; Carlos Alba Novillo, que llevó la acusación de la estafa piramidal de Arte y Naturaleza, y José Miguel Alfonso Carbajo, al frente de causas como la abierta contra Gerard Piqué y el expresidente dela RFEF, Luis Rubiales.

Completan la lista el fiscal de la Sala Civil del Supremo José Ignacio Esquivias Jaramillo (quien parte como uno de los favoritos según fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli); la fiscal de Madrid Inmaculada Rodríguez y tres fiscales de la Comunidad de Madrid: María Teresa Olavarría, Francisco Javier Comyn y Gema García Hernández, fiscal esta última designada en la actualidad en comisión de servicios en la Sección de Protección de Menores de la Fiscalía Provincial

El fiscal del caso contra Begoña Gómez

Con todo, la plaza a la que más candidatos concurren es la de fiscal de la Sección de lo Penal. Un total de 25 aspirantes, entre los que se encuentran fiscales de Anticorrupción (como los arriba citados) además de Carmen Laúna (fiscal que acusó en el 'caso Bankia'), fiscales de la Audiencia Nacional (como Víctor Joaquín González-Herrero, Rosana Lledó o Ana Noé); de Antidroga y de fiscalías provinciales de Madrid, Valencia, Vitoria o Granada.

Además de las plazas del Supremo, el Consejo Fiscal estudiará el nombramiento de una plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. A la misma optan un total de seis miembros de la carrera fiscal, entre los que destaca José Manuel San Baldomero, fiscal al frente de las diligencias abiertas contra Begoña Gómez. En este caso, el Ministerio Público se opone a la causa, cuyo archivo ha solicitado desde su misma apertura el pasado mes de abril.

A la plaza optan también la fiscal de la Audiencia Nacional María Luisa Llop Esteban; el fiscal de la Comunidad de Madrid Luis Lafont y los candidatos de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Ángeles González, Manuela Fernández y Víctor Pillado.

El Consejo abordará también los nombramientos de una plaza en la Fiscalía Superior de Cantabria así como de Valencia, además del nombramiento de teniente fiscal de la Fiscalía de Asturias, Valencia y Aragón.

García Ortiz, al borde de la imputación

Se trata de plazas que se valorarán en un Consejo Fiscal especialmente contrario a la política de Álvaro García Ortiz. El criterio de este órgano asesor no es vinculante, por lo que el fiscal general del Estado tendrá la última palabra en la designación de todos estos puestos, siendo la jefatura de la Sección de lo Penal de la Fiscalía del Supremo, especialmente importante.

Este Consejo Fiscal se celebra, además, en un momento especialmente delicado para García Ortiz. El Tribunal Supremo está ultimando su pronunciamiento en relación a la petición del TSJ de Madrid de investigarle por presunta revelación de secretos, al estar detrás de la difusión de la nota de la Fiscalía sobre las conversaciones entre el ente y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Tras meses de silencio, García Ortiz terminó asumiendo su responsabilidad en la orden que se dio para que la Fiscalía Provincial de Madrid emitiera una nota informativa en la que se desmentían unas noticias que apuntaban que su órgano ofreció un pacto a Alberto González Amador. De esta aclaración se demostró que en realidad fue el empresario quien reconoció la comisión de dos delitos fiscales y buscó una conformidad.

Sin embargo, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) llevó a los tribunales la nota al considerar que el ente que dirige García Ortiz cruzó una línea roja desvelando conversaciones confidenciales entre un abogado y un fiscal. La causa se instruyó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pero, tras constatarse la implicación en el mismo del fiscal general, se remitió al Supremo.

Como informó este medio, en el seno de la institución hay inquietud ante la posibilidad de que el alto tribunal abra causa contra el máximo representante de la Fiscalía y que este se niegue a abandonar su cargo. Consideran que supondría un daño reputacional que perjudicaría, más si cabe, la imagen de la institución, que no pasa por su mejor momento.

El fiscal general, por su parte, sostiene que está "tranquilo" con la situación y no desvela cuáles serán sus próximos pasos en caso de que el Supremo abra causa contra él. Por el momento sigue con la agenda marcada y, prueba de ello, son estos nombramientos que se llevan al próximo Consejo Fiscal.

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