La Generalitat es actualmente, según datos elaborados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la comunidad autónoma que más asistencia financiera ha solicitado al Estado. En concreto, el Gobierno catalán ha reclamado un total de 20.156 millones de euros en los dos últimos ejercicios (si en 2012 pidió prestados 8.758,1 millones, en lo que va de año lleva ya solicitados 11.398). Esta situación debería obligar a la Administración catalana a dar ejemplo y apretarse el cinturón al máximo, pero en el Ejecutivo de Artur Mas no están dispuestos a renunciar al coche oficial. A los elevados gastos en protocolo y propaganda que ha previsto la Generalitat para 2014, año en que los nacionalistas, de la mano de Esquerra Republicana, pretenden celebrar la polémica “consulta de autodeterminación”, hay que sumar otro desembolso millonario en una renovación de la flota de vehículos oficiales.
En concreto, el Gobierno catalán acaba de iniciar los trámites para una contratación “centralizada del suministro de vehículos en la modalidad de arrendamiento con opción de compra” a disposición de cinco consejerías (Gobernación y Relaciones Institucionales; Economía y Conocimiento; Justicia; Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, y Bienestar Social y Familia). El contrato, de modalidad ordinaria y procedimiento de licitación abierto, asciende a 6.059.023,44 euros, con IVA incluido (21%).
El Ejecutivo de Mas esgrime que cuanto mayor sea la inversión más rentable saldrá la adquisición vía leasing (arrendamiento con opción a compra) de cada vehículo, con el consiguiente ahorro. Aun así, la magnitud de la operación es cuanto menos cuestionable en un contexto de crisis como el actual si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la Generalitat prevé incorporar a su flota 8 vehículos de “alta representación” y otros 34 de “representación”. Junto a ellos, la Administración catalana quiere utilizar otros 175 vehículos divididos en una docena de modalidades. Predominan los de tipo urbano, cuyo lote se eleva a 113 unidades, y los de uso interurbano y todoterreno, que suman 26. También se incluyen, entre otros, seis vehículos de transporte colectivo (de 9 plazas) y cuatro camionetas de hasta 2.000 kilogramos de carga máxima. En total, el contrato presenta 217 unidades, con un coste de 27.921,76 euros cada una.
El departamento de Economía, a la cabeza
El pasado abril, la Generalitat reveló al PP en respuesta a una pregunta parlamentaria escrita que disponía de una flota de 83 coches oficiales y 121 chóferes. Según los datos que ofrecía la consejera de Gobernación, Joana Ortega, 73 de estos vehículos estaban adscritos al departamento de Economía y Conocimiento, siete al de Territorio y Sostenibilidad y tres a organismos dependientes de esta cartera.
También mediante leasing fue la adquisición en 2008 por parte del entonces presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach (ERC), de un coche oficial tuneado (modificado), un Audi A8 que costaba al erario público 83.686 euros. Ante las críticas recibidas, Benach se vio obligado a retirar extras incluidos en el vehículo como una televisión, un reposapiés eléctrico y un escritorio, que alcanzaban los 9.276 euros, ya contabilizados en el precio antes citado. Otro caso que generó una fuerte polémica, en plena campaña de las elecciones gallegas de 2009, fue el gasto de 480.000 euros en un coche oficial blindado, modelo Audi A8, que protagonizó el presidente de la Xunta en ese momento, el socialista Emilio Pérez Touriño.
