Los atentados de Barcelona y Cambrils se cuelan en la investigación sobre la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. El que fuera jefe de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj, recurrió al ataque yihadista en el que murieron 16 personas para justificar ante el juez la necesidad de pagar 286.765 euros a un think tank con sede en La Haya (Holanda) llamado The Hague Center for Strategic Studies.
La Justicia sospecha que ese dinero sirvió para dar cobertura internacional a la consulta soberanista tal y como sostiene la Guardia Civil en su informe sobre la malversación del procés, que cifra ya en varios millones de euros. Pero el hombre de la Generalitat en Bruselas, sostiene que el objetivo era adecuar la estrategia internacional del Govern dirigido por Carles Puigdemont a los nuevos tiempos.
Según consta en el vídeo de la declaración de Altafaj a la que ha tenido acceso Vozpópuli, este investigado habló del Brexit, de la llegada de Trump a la Casa Blanca, de cómo afectaba a los ganaderos de Lérida las sanciones a Rusia o del auge del yihadismo como -según dijo- se evidenció el 17 y el 18 de agosto del año pasado en Barcelona y Cambrils.
"Consecuencias dramáticas"
"Lo que se hace es discutir cómo se pueden analizar toda una serie de fenómenos, les he hablado del Brexit, pero también les podría haber hablado de temas de radicalización islámica de seguridad con las consecuencias dramáticas, por cierto, que observamos en agosto de 2017, es decir, toda una serie de fenómenos en los que tenemos necesidad de tener una visión exterior de alguien que esté capacitado como The Hague Center for Strategic Studies de La Haya", explicó Altafaj en su declaración del pasado 3 de julio ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
El exresponsable de la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, con 23 años de experiencia en Bruselas, se le atribuye un presunto delito de rebelión por actuar con abuso de su cargo como funcionario público en actividades que suponen malversación de dinero público, revelación de secretos y desobediencia en la estrategia de difundir en el extranjero el referéndum y la contratación de observadores internacionales.
Altafaj, que responsabilizó de esta estrategia al Departamento de Exteriores que dirigía Raül Romeva, admitió haber realizado dos pagos de 167.065 y 119.700 euros a este instituto, y quedó pendiente el último, de 47.365 euros, porque la Generalitat fue intervenida, así que el informe no se entregó, según adelantó Europa Press.
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En su declaración, este alto cargo de la acción exterior de la Generalitat insistió en desvincular estos pagos de la celebración del 1-O y lamentó que la aplicación del 155 impidió conocer los consejos de este instituto holandés sobre todas esas problemáticas.
"Lamentablemente el resultado hoy no lo podemos verificar y creo que es una lástima, sinceramente. Hoy si no hubiera habido artículo 155 y su aplicación de la cual no voy a opinar, hoy tendríamos ese trabajo finalizado y podríamos ver si se justificaba o no se justificaba", dijo ante el magistrado en respuesta a las preguntas de su abogada.
