El gran escollo del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès es cómo afrontar las multas millonarias que el Tribunal de Cuentas pide a los dirigentes independentistas encausados por el dinero malversado durante el procés a través del Diplocat y las delegaciones catalanas en el exterior. Cualquier negociación que incluya reembolsar con dinero público las cantidades malversadas sería incurrir en una nueva malversación. No obstante, existe la posibilidad de ganar tiempo y cubrir las fianzas con un aval, que podría presentar la misma Generalitat así como un particular.
Se trata de una posibilidad que el Ejecutivo catalán estudia seriamente, según explican fuentes consultadas por Vozpópuli, después de que el órgano fiscalizador haya dado solo 15 días para depositar la fianza antes del embargo y cuyo término se debe cumplir al margen de los recursos que se presenten.
Si el Gobierno intenta ayudar retirando a la Abogacía del Estado del proceso contable, la estrategia del Govern es no personarse como parte perjudicada. Todo lo contrario. Su línea de defensa argumenta que todo el gasto exterior está previsto en el Estatut y en las competencias que tiene la Generalitat y, en esta línea, no se puede excluir que sea la propia administración autonómica la que presente un aval..
"Si lo hace la Generalitat, que técnicamente sería posible, es un contrasentido. La institución sería al mismo tiempo acreedor del dinero presuntamente malversado y avalador", advierten desde Societat Civil Catalana, parte demandante en el Tribunal de Cuentas.
En este caso, afirman, se constataría cómo la Generalitat "solo representa a los independentistas" y no al conjunto de los catalanes. Desde la entidad constitucionalista también recuerdan que cualquier acción para impedir el pago puede ser perseguida: "El artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas deja muy claro que serán responsables directos quienes hayan ejecutado, forzado o inducido a ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad para ocultarlos o impedir su persecución".
Cajas de Solidaridad
Otra de las opciones que se barajan desde el Govern es que sea un particular quien avale. En este caso, si no es un gran banco o persona física que se quiera significar en este proceso, está la opción de las llamadas 'cajas de solidaridad' de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
Como avanzó este medio, las cajas están vacías por la desmovilización ciudadana que ha sufrido el movimiento independentista en los últimos años y después de llegar a pagar en fianzas más de 15 millones de euros en piezas anteriores del Tribunal de Cuentas.
Precisamente este martes, los promotores de la colecta habían convocado una rueda de prensa, que finalmente cancelaron a la espera de un "gesto" del Govern. Y es que la Generalitat y las entidades independentistas están planificando cómo pueden afrontar estas fianzas.
Las fuentes consultadas no se olvidan que, en plena pandemia, el ex presidente de la Generalitat Quim Torra, modificó a la alza el impuesto de sucesiones en un momento de gran mortandad (reduciendo las bonificaciones tal y como avanzó El Español). Pero, además, bonificó al 95% las donaciones recibidas de entidades sin ánimo de lucro. Es decir, esta modificación servía para que la ANC u Òmnium pudiera hacer donativos a particulares de forma prácticamente íntegra, casi libre de impuestos.
Reclamación provisional
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas cuantificó los gastos irregulares en 416 millones de euros. De este informe, la liquidación final ha sido de 5,4 millones. Es decir, únicamente un 1,2% de los 416 millones iniciales. En total, significa que de estos 5,4 millones reclamados ahora y los 4,1 reclamados en enero de 2020, queda un total de 9,5 millones de reclamación provisional.
Fuentes de la defensa explican que trabajan para que esta cantidad sea menor. Se trata de evitar la "duplicidad del pago". Es decir, que se puedan deducir determinados conceptos de los expedientes de responsabilidad contable ya sufragados. Más allá de esta estrategia a medio plazo, sin embargo, buscan resolver el asunto de las fianzas, y para ello solo tienen 15 días.
