España

La Generalitat se querella contra el Fiscal General del Estado

El Gobierno catalán presenta una querella contra José Manuel Maza a menos de 48 horas para el 1 de octubre por considerar que ha actuado "fuera de la ley" para impedir el referéndum ilegal. 

  • El fiscal general del Estado, José Manuel Maza

A menos de dos días para el 1 de octubre, el Gobierno de la Generalitat ha decidido querellarse contra el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza y contra el fiscal superior de Catalunña, José María Romero de Tejada, al considerar que las instrucciones dadas para impedir la celebración del referéndum son ilegales. 

Además, la Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las medidas ordenadas por la magistrada Mercedes Armas para tratar de impedir que se celebre la consulta del 1-O. El Govern considera que vulneran la legalidad y no tienen fundamento jurídico. El recursos presentado sostiene que las medidas cautelares puestas en marcha por la magistrada vulneran el principio de proporcionalidad por afectar al orden público y a los derechos fundamentales.

En otro orden de cosas, también se centra en el hipotético quebrantamiento del principio de proporcionalidad por afectar gravemente al funcionamiento de los servicios públicos. Desde el Ejecutivo catalán también denuncian que el hecho de que un cargo del Ministerio del Interior haya asumido la coordinación de los tres cuerpos policiales vulnera la legalidad.

"Decálogo de violaciones"

Por otro lado, el titular de Justicia de la Generalitat ha recitado un "decálogo" de lo que la administración catalana considera "violaciones de la legalidad contra el referéndum": "Persecución penal de un hecho que no es delito; el despliegue de agentes policiales; la designación del coronel de la Guardia Civil para coordinar el operativo; la intervención de las cuentas catalanas; la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional de la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía".

También denuncian "los registros sin orden judicial y apertura de correo postal; la citación de más de 700 alcaldes; el cierre de páginas web; amenazas a los medios y el decomiso de propaganda electoral; la prohibición y suspensión de actos políticos en Madrid y en Vitoria; y la ocultación de los motivos de las detenciones y de la ubicación de los arrestados. 

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