Un Juzgado de Madrid ha denegado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán la cantidad mensual que reclamó para productos alimenticios y de higiene personal porque la Administración Concursal ya le tiene garantizadas sus "necesidades mínimas".
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, que declaró en concurso necesario a Díaz Ferrán en 2010, señala que la pensión solicitada sólo se le puede reconocer cuando "el deudor no pueda costearse sus necesidades con los recursos ajenos a la masa activa".
La juez recuerda que lo interesado por el exdueño de Marsans, que extendió además a su mujer, también en situación de concurso, "ya está garantizado" y es la Administración Concursal la que lo hace efectivo. "Sólo en aquellos casos en los que el deudor con los bienes y percepciones inembargables, de los que puede disponer libremente, no pueda atender a sus necesidades mínimas, es cuando podrá reconocérsele alimentos con cargo a la masa activa, impidiéndose de esta forma su disminución en perjuicio de los acreedores", explica.
Díaz Ferrán solicitó una pensión de alimentos ante la "crítica" situación que atraviesan él y su esposa, cuya "supervivencia" exige "atender una serie de gastos indispensables para garantizar no sólo su "mínima subsistencia, sino incluso su propia dignidad personal".
El expresidente de la patronal alegaba también que su mujer, Raquel Santamaría, ha "venido dependiendo exclusivamente" de él
Y es que su permanencia en la prisión de Soto del Real, en la que ingresó de forma preventiva hace poco más de un año por orden de la Audiencia Nacional por el vaciamiento patrimonial de Marsans, "implica abonar una serie de importes en concepto de productos alimenticios y de higiene personal que no se ofrecen en el centro penitenciario". Precisamente en esa cárcel recibió este martes la noticia sobre su primera condena a dos años y dos meses de cárcel por defraudar 99 millones de euros a Hacienda en la compra de Aerolíneas Argentinas.
El expresidente de la patronal alegaba también que su mujer, Raquel Santamaría, ha "venido dependiendo exclusivamente" de él y "precisa abonar los recibos básicos de la vivienda en la que habita (agua, gas y luz)" y la compra de alimentos "necesarios para su subsistencia".
Pendiente de otros asuntos
Al margen de esta petición, Díaz Ferrán está pendiente de si el Colegio de Abogados de Madrid le reconoce el derecho a la Justicia gratuita que reclamó, que le supondría la asignación de un abogado de oficio y le eximiría de abonar las tasas judiciales.
Pese a la situación en que dice encontrarse, Díaz Ferrán llegó a acumular bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros, según un informe policial aportado a la causa sobre el vaciamiento de Marsans, impulsada por una denuncia de las empresas turísticas Meliá y Orizonia, representada por el despacho de abogados Ashurst, a la que se sumó AC Hoteles y Pullmantur.
Dicho informe incluía un listado con una veintena de propiedades, como la finca El Alamín, en la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar, valorada en 40 millones; su domicilio familiar en Madrid, además de gasolineras, locales comerciales, solares, plazas de garaje y viviendas en la capital, Málaga y Mallorca, así como dos apartamentos en Nueva York cuyo valor conjunto es de 7,47 millones.
