La implicación del BBVA salpica la reputación de toda su directiva a lo largo de los 13 años en los que el banco contrató de forma presuntamente ilegal al comisario jubilado José Manuel Villarejo. De momento han sido interrogados como imputados ocho excargos. Y según se desprende de los fragmentos del auto desvelados por la Agencia Efe otros directivos y exdirectivos también tendrán que dar explicaciones por sus posibles actos de "corrupción". El magistrado busca determinar si los contratos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo fueron "consentidos por la cúpula" en pro del "beneficio personal y empresarial".
Según el auto de imputación al BBVA, el magistrado ve necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o si, por el contrario, "la ausencia de mecanismos de control" y "la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial" fueron "medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación" de Villarejo.
Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional han asegurado a Vozpópuli que el juez del caso Tándem no contempla por el momento implicar al actual presidente ejecutivo Carlos Torres en la causa. Es decir, al referirse a la cúpula, el instructor "nunca" ha implicado directamente a Torres u otros exdirectivos, como podría ser José Ignacio Goirigolzarri.
El presidente FG
Hasta el momento las pesquisas se extienden desde 2004, cuando Goirigolzarri era consejero delegado y se firmó el primer acuerdo ante la OPA hostil de Sacyr, hasta diciembre de 2017, cuando se dio "por terminado el contrato de prestación de servicios" con Carlos Torres en el cargo; todos bajo la presidencia de Francisco González (FG).
De hecho un documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli y se puede consultar en esta información, muestra que el 1 de junio de 2016, cuando Carlos Torres ya llevaba casi un año de consejero delegado de BBVA, el banco firmó un contrato de "prestación de servicios" con Cenyt, la matriz de las empresas de Villarejo.
Un documento muestra que el 1 de junio de 2016, cuando Carlos Torres ya llevaba casi un año de consejero delegado de BBVA, el banco firmó un contrato de "prestación de servicios" con Villarejo
Este documento, de fecha 14 de noviembre de 2017, especifica que los trabajos realizados por Villarejo se extendieron hasta diciembre de 2017, un mes después de que el excomisario fuera detenido y la juez Carmen Lamela decretara su ingreso en prisión de forma preventiva, una situación que se mantiene hasta el momento.
Julio Corrochano
Con el mencionado documento, firmado por el ex director de seguridad de BBVA Julio Corrochano, imputado en la causa y con una fianza de 300.000 euros, el banco daba por finalizados los contratos rubricados en junio de 2016. Por estos trabajos BBVA abonó 242.000 euros a Cenyt, pese a que Villarejo ya estaba en la cárcel.
Tal y como publicó Vozpópuli, el comisario jubilado hurgó en la vida privada del exministro Miguel Sebastián a petición del banco. Según consta en grabaciones aportadas a la causa a las que ha tenido acceso este diario, BBVA pagó a Villarejo desde al menos 2005. En total, según la investigación, el banco podría haber abonado alrededor de 10 millones de euros a Villarejo y sus empresas.
