La última andanza de Gibraltar en su deseo de ganar terreno al mar a toda costa, traer rocas en barco desde Portugal para ampliar Sandy Bay en la cara este del Peñón, no ha provocado una respuesta inmediata de cierto nivel por parte del Gobierno de la Nación, que aún mantiene los hechos "en fase de estudio" y llama a actuar con cautela. El pasado jueves el carguero Fehn Mirage, con 2.700 toneladas de piedras y procedente de Faro (Portugal), entraba en la Bahía de Algeciras escoltado por un amplio dispositivo de seguridad formado por la Policía gibraltareña y la Royal Navy. Ante ello, lo que hizo España fue enviar a una patrullera de la Guardia Civil a que se aproximara hasta el barco para fotografiarlo.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que dirige José Manuel García-Margallo esgrimen que estos sucesos, al margen de que puedan generar con posterioridad alguna actuación diplomática, son en primer lugar competencia del departamento de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por su parte, fuentes del departamento de Miguel Arias Cañete indicaron a Vozpópuli que, de momento, se está procediendo a recabar la información oportuna sobre lo acaecido. En este sentido, remiten a la denuncia ya presentada por España el pasado agosto ante la Comisión Europea y apuntan a la posibilidad de que los nuevos datos que se reúnan sean incorporados a dicho escrito para examen de Bruselas.
En la denuncia elevada a la Secretaría General de la Comisión Europea, el Ejecutivo señala que el vertido de piedras que se está llevando a cabo en la Playa del Algarrobo (Sandy Bay) supone "la construcción de un dique que alcanza ya una altura de más de 15 metros sobre el nivel del mar, desconociéndose la superficie total del relleno".
El Ejecutivo sostiene que las obras "carecen del oportuno título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y del preceptivo informe de compatibilidad con la Estrategia Marina del Estrecho y Alborán"
La demanda dice que este tipo de construcciones en Gibraltar afectan a la Zona de Especial Conservación (ZEC), conocida como Estrecho Oriental, en torno al Peñón. "Entre las medidas de conservación de esta calificación se incluye expresamente la prohibición de rellenos", subraya el Ministerio. Además, el Gobierno sostiene que las obras "carecen del oportuno título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y del preceptivo informe de compatibilidad con la Estrategia Marina del Estrecho y Alborán", por lo que "pueden constituir una vulneración" de la Ley de Protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otras.
En paralelo, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de admitir una denuncia similar presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción, que halla vulneración por parte de Gibraltar de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres del Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Estrecho oriental, lo que incluye los rellenos de áridos en la zona este del Peñón.
Con la llegada del Fehn Mirage, la colonia británica ha sorteado el veto adoptado por el Ministerio del Interior el pasado verano, cuando prohibió el paso de camiones cargados de piedras (provenían de una cantera en el municipio malagueño de Casares) por el puesto fronterizo de La Línea de la Concepción (Cádiz). Además, el Gobierno de Fabián Picardo piensa seguir burlando la medida española en los próximos meses, ya que tiene previsto traer por mar desde Portugal 40.000 toneladas de áridos.
Un negocio cerrado a mediados de mes
Tras la misión completada por el Fehn Mirage ya se espera que otro carguero cumpla con la misma tarea en breve. De hecho, el próximo barco podría ser el Hamal, al cual esperaban en un principio en la Bahía de Algeciras como el primero de los barcos procedentes de Portugal en esta operación. Aún habrán de atracar más, puesto que la contratista holandesa Van Oord, concesionaria de las obras a la que ha recurrido el Ejecutivo, ha adquirido a la firma lusa Sofareia (Sociedade Farense de Areias, S.A.) 40.000 toneladas de piedra y 7.000 de grava.
Según la cadena pública del país vecino RTP, Sofareia ha admitido que después de esta primera encomienda, "están programadas más entregas". Su responsable, Claudio Bras, ha reconocido que "se habló de esto hace por lo menos un mes”, en alusión a las conversaciones con el Gobierno de Gibraltar, y que el negocio se cerró a mediados de este mes. Preguntado sobre eventuales condicionantes debido a la prohibición española de importar rocas que pesa sobre Gibraltar en este momento, Bras niega cualquier presión en este sentido: "Estamos en el mercado y tenemos que sobrevivir. Si no fuéramos nosotros los que venden la piedra, serían los marroquíes", apostilló.
