Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que ha avisado que no podrá venir a España a declarar como investigado por el presunto saqueo de PDVSA. Fuentes jurídicas han explicado a 'Vozpópuli' que el magnate ha alegado que tiene una orden de arresto de Estados Unidos.
En el escrito, que ya consta en el Juzgado Central de Instrucción número 3, se ha ofrecido a declarar vía videoconferencia para responder a la citación que hace una semana emitió la juez María Tardón. La juez tendrá que decidir si acepta la oferta de Gorrín o si en cambio dicta una orden de detención en su contra por no comparecer en sede judicial.
El empresario está bajo investigación en el Distrito Sur de Florida desde 2017. En Estados Unidos se le acusa -entre otros delitos- de conspiración para cometer lavado de dinero. En España se le atribuyen blanqueo de capitales y organización criminal, según han informado a Vozpópuli fuentes jurídicas.
Gorrín ha sido señalado ante la Justicia estadounidense por el extesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade. Según consta en su declaración de culpabilidad, el excargo del Gobierno de Hugo Chávez "recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de usar su posición (...) para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el Gobierno venezolano".
La imputación de Gorrín en la Audiencia Nacional tiene lugar después de que la magistrada aceptara el pasado octubre asumir la causa que se instruía en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La investigación se dirige contra más de una veintena de investigados entre personas físicas y sociedades mercantiles.
Lista de investigados
La lista la encabezan el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa. El primero fue detenido en dos ocasiones y y el segundo ingresó en prisión en mayo; ambos se encuentra actualmente en libertad provisional, aunque han sido reclamados por Estados Unidos y Venezuela.
Una comitiva de la Asamblea Nacional de Venezuela pidió el pasado julio a la Justicia española que investigara a Gorrín. Requirió, además, al Ministerio Fiscal que coopera y congelara las cuentas y bienes de varios sospechosos, entre ellos Gorrín.
