El objetivo, aunque no se diga, está claro: Alvise Pérez, Vito Quiles, Bertrand Ndongo, Estado de Alarma... El Gobierno ha reformado este martes la ley reguladora del derecho a la rectificación para frenar los perfiles en redes que difunden bulos. El Ejecutivo quiere que las personas con mas de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 en todas las que use se responsabilicen de sus contenidos y faciliten a los ciudadanos su derecho a rectificar un bulo o una informaciñin inexacta. Moncloa ha incluido este anteproyecto de ley orgánica en su denominado plan de acción por la democracia. Y el contexto es relevante por ilustrativo: la cascada de acusaciones que el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, está vertiendo sobre Ángel Víctor Torres, Carlos Moreno y Santos Cerdán.

Además, el Gobierno dice que quiere acelerar la rectificación. La norma suprime el requisito de dirigirse al director del medio para solicitar la rectificación. Por otro lado, mantiene que la difusión de la rectificación debe ser íntegra y hacerse con una relevancia semejante a la de la publicación original. Se incluye también la obligación de incluir aviso de que la información ha sido rectificada en plataformas y medios digitales con la obligatoriedad de enlazar la rectificación y la información original. En cuanto a las personas legitimadas para solicitar la rectificación, el anteproyecto refuerza los derechos de las personas con discapacidad y amplia los sujetos cuyos familiares hayan fallecido y les afecte una información. También amplía el plazo para solicitar la rectificación, pasando de los siete a diez días y manteniéndose la gratuidad absoluta de la difusión de la rectificación. Todo ello implica que ante cualquier información, pueda prevalecer el derecho de rectificación al de información.

"Esta ley reguladora es una ley completa que sustituirá a la vigente, del año 1984. Hace 40 años, el ecosistema informativo no tenía nada que ver con el de hoy. Por eso, es imprescindible actualizar la norma. Y ser cosncinte del impacto que tienen los bulos y las noticias falsas en el debate público y la democracia. Las dos innovaciones claves es que contemplamos las nuevas formas de comunicación e introduce ajustes para facilitar el derecho a la rectificación. De manera que regulamos los entornos digitales", ha explicado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El anteproyecto de ley contiene siete artículos.

"La ley del 84 se refería a medios de comucación social. En esta se habla de los tradicionales, de los digitales y de los usuarios relevantes en redes, donde hay profesionales del bulo y la mentira. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación", ha incidido Bolaños. Fuentes gubernamentales explican que el Gobierno ha puesto el baremo de seguidores como ha considerado oportuno, pero ahora que la ley tendrá que recibir los preceptivos informes, la cifra puede variar. "Tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. La ley es clara en su definición. Se puede rectificar cuando hay un hecho inexacto, incorrecto o directamente falso. Esa es la filosofía del derecho a la recitficación", ha zanjado el ministros de Presidencia. 

El ministro Bolaños ha adelantado que, a la vuelta de las fiestas navideñas, la siguiente será la ley orgánica que reformulará el Ejencutivo será la del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. A Sánchez también le ha entrado prisa en reformar esa ley en medio del caso que afecta su mujer, Begoña Gómez. La mujer del presidente declarará este miércoles nuevamente como imputada ante el juez Juan Carlos Peinado. La ley que reformula el derecho de rectificación se encuentra aún en una fase muy inicial. Ahora se encuentra en el cajón del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El departamento que dirige Bolaños deberá recabar los informes preceptivos y, en unos meses, elevar un proyecto de ley al Consejo de Ministros. Después empezará la tramitación parlamentaria y, al tener rango de ley orgánica, Moncloa necesitará mayoría absoluta para su aprobación, 176 escaños.

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