“¿Qué se entiende por convivencia intercultural? Este concepto se ha operacionalizado a partir de una tipología de tres situaciones de sociabilidad entre las que transitan las personas y colectivos de forma dinámica: convivencia, coexistencia y hostilidad”.

Así comienza el capítulo sobre coexistencia de culturas en España del informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI), uno de los cuatro organismos gubernamentales que entrecruzan sus atribuciones sobre odio, racismo, xenofobia e inmigración.

En fechas recientes se han multiplicado las aportaciones retóricas del Gobierno ante esas amenazas, coronadas por una declaración desalentadora de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre los discursos de odio: “Tenemos el diagnóstico, ahora debemos preguntarnos qué clase de sociedad queremos ser”.

La ministra Saiz, sin pretenderlo, confesó esa penuria de ideas al presentar el pasado día 2 la memoria anual del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de su departamento como también lo es el FISI. La titular de Inclusión ofreció los datos recogidos por el citado Observatorio en redes sociales con resultados predecibles, como que los casos de detectados se centran en “personas originarias del norte de África” (evitando pronunciar Marruecos) y en la islamofobia.

Monitoriación de las redes

Las observaciones de OBERAXE “ofrecen una aproximación a las características del discurso racista, xenófobo, islamófobo, antisemita y antigitano”, explicitó Elma Saiz, añadiendo que “en consecuencia, pueden contribuir al desarrollo de estrategias para combatirlo”. Unas estrategias inéditas en el Ministerio de Inclusión, S. Social y Migraciones y en el resto del Gobierno de Pedro Sánchez.

A lo más que ha llegado el Ejecutivo, y de ello presume la ministra del ramo, es a anunciar que en otoño firmará un convenio con LALIGA (antes Liga del Fútbol Profesional), por el que la organización dirigida por Javier Tebas cederá al Ministerio de Inclusión su herramienta de monitorización de redes sociales MOOD (Monitor para la Observación del Odio en el deporte) a fin de detectarlo en más ámbitos.

La colaboración del departamento de Elma Saiz con la patronal futbolística incluye campañas de concienciación como la de Este partido lo vamos a ganar, que ha durado cuatro semanas y de la que se desconocen sus contenidos, ámbitos alcanzados o impactos logrados.

A lo que se aplican el Observatorio del Racismo, el Foro para la Integración y otros organismos gubernamentales como el Consejo para la Discriminación Racial o Étnica, el Observatorio Permanente para la Inmigración y alguno más, es a la llamada batalla del relato más que a medidas prácticas y consensuadas para estimular a los inmigrantes en la convivencia dentro del marco constitucional y el estado de derecho, en aras a una integración gradual en la sociedad donde se han instalado. Por la falta de programas de actuación pegados a la realidad, desde los ministerios de Inclusión e Igualdad no se ofrecen resultados concretos y positivos de sus políticas sino que se reiteran en el avance de los problemas que combaten solo con el discurso retórico.

La ausencia de ese objetivo pragmático y complementario se aprecia en las conclusiones del informe último de OBERAXE, tras detallar los mensajes racistas o de odio detectados en redes sociales: “Es necesario avanzar en estrategias de contranarrativa que cambien el peso de los contenidos en las redes”. Ahí radica el empeño político inspirado desde la Moncloa, en unas narrativas oficiales que reiteren las crecientes manifestaciones racistas y xenófobas que se extienden entre los nacionales españoles, pero sin mencionar conductas irregulares, actitudes intolerantes o hábitos regresivos de miembros de la población inmigrante.

La mayor partida presupuestaria del Gobierno para esos fines destina 22,52 millones de euros “a la defensa de los derechos humanos del colectivo de personas extranjeras, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social”. Se trata de una resolución de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, de agosto de 2023, que subvenciona proyectos de ONG donde el esfuerzo para la cohesión social no es en doble sentido sino unidireccional, pues los mensajes recaban el esfuerzo de una parte, que son los nacionales españoles, y apenas se reclama de los extranjeros que se han de integrar en la sociedad de acogida con esos españoles, más allá de las pruebas de lengua y cultura encomendadas al Instituto Cervantes para obtener la nacionalidad, de las que algunos extranjeros quedan exentos.

El propio ministerio de Elma Saiz manifiesta que las prioridades de los proyectos subvencionados con aquellos 22,52 millones son sensibilizar a la sociedad de acogida, romper barreras sociales y culturales para la inserción, combatir el discurso de odio, prevenir la discriminación, proteger lo derechos humanos de los inmigrantes, etc. Todo ello con esta finalidad del Gobierno en materia de integración/inclusión: “Una sociedad inclusiva en un marco de convivencia de identidades y culturas (…) programas y proyectos que fomenten un entorno social, cultural y laboral favorable a todos los integrantes de nuestra sociedad (…) garantizar la igualdad de trato y no discriminación, incentivar el respeto a la diversidad y la tolerancia y establecer estrategias que favorezcan la inclusión de las personas migrantes en nuestra sociedad”. Una exposición con nobles conceptos y estilo biensonante que no presenta unos derechos acompañados de deberes.

El propósito de Pedro Sánchez de sumar al relato político -herramienta del Gobierno que obvia la materialidad y vivencias de la población- la respuesta a las manifestaciones racistas y xenófobas, aparece en la reciente constitución del Consejo Asesor de Brecha de Género, nuevo organismo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ese Consejo de 20 miembros, que según la referencia oficial incluye “personalidades del mundo académico, político o cultural como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la futbolista Ivana Andrés o la directora del Museo d’Art Contemporani de Barcelona, Elvira Dyangani”, va a intervenir en la reforma de la Ley de Extranjería aportándole perspectiva de género, convirtiéndose así en el quinto organismo público jugando en el mismo terreno.

"EL machismo mata"

“El machismo es brecha de género y mata. Tenemos que trabajar para erradicar esos pensamientos negacionistas y discursos de odio”, dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la presentación del Consejo Asesor de Brecha de Género, confirmando la fusión del discurso oficial antirracismo con el muy elaborado sobre violencia de género.

El afán por dominar el relato y la `contranarrativa´ olvidando realizaciones concretas coloca al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en una órbita poco fructífera. Tras sus consideraciones sobre la convivencia de culturas citadas al comienzo de estas líneas, el mismo informe se adentra en un jardín especulativo sobre la interculturalidad, la multiculturalidad y la asimilación cultural, del que intenta salir de este modo: “si se asume que la convivencia deseada es la intercultural, el principal reto es actualizar las herramientas ontológicas y epistemológicas para hacerlas operativas”.

Una aseveración retórica copiada del Observatorio Vasco de las Migraciones que le lleva a concluir que para conseguir la convivencia intercultural en España hay que crear otro organismo público, un Observatorio Estatal de las Migraciones y la Convivencia.

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