El Gobierno ha comunicado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pretende "llevar a cabo una revisión de los delitos de injurias a la Corona", y también de los delitos contra los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal.
Así consta en las respuestas y observaciones del Ejecutivo en relación con el examen periódico universal (EPU) al que España se sometió el pasado mes de enero en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos ha aprobado este jueves el informe relativo a ese examen, que incluye los comentarios enviados por el Gobierno respecto a las 275 recomendaciones formuladas por otros países.
En esos comentarios, recogidos por Europa Press, consta que España "acepta" una recomendación de Bélgica de "garantizar la libertad de expresión y opinión revisando el Código Penal para asegurar que sus delitos están alineados con definiciones reconocidas internacionalmente".
En su explicación, el Gobierno precisa que su intención es revisar el delito de injurias a la Corona y el delito contra los sentimientos religiosos. También Canadá emitió una recomendación similar.
En cambio, el Gobierno no ha aceptado una recomendación de Luxemburgo de descriminalizar el delito de injurias en general, argumentando que "el delito de injurias a las instituciones del Estado está restringiéndose por los tribunales".
Además, aceptando otra recomendación -en este caso de Ghana- que pide a España asegurar la libertad de expresión, el Ejecutivo explica que "el delito de injurias a las instituciones del Estado está restringiéndose por los tribunales".
El hecho es que, recientemente, la Audiencia Nacional ha asumido el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ya en 2018 archivó una denuncia por quemar fotos del Rey argumentando que se enmarcaba en la libertad de expresión.
El Gobierno explica, sobre este punto, que en España apenas hay normas sobre la libertad de expresión porque ésta "se refuerza si el Estado renuncia a regularla". Sí se regula, explica en respuesta a la posición de Ghana, el derecho de rectificación de los particulares y "la responsabilidad penal cuando una noticia dice que alguien ha cometido un delito y no es cierto, o cuando se menoscaba gravemente su reputación".
En conjunto, el Gobierno ha aceptado totalmente 252 de las recomendaciones recibidas, un 91% del total, según ha explicado este jueves el embajador español ante las instituciones de la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller.
Se aceptan las recomendaciones con las que el Gobierno está de acuerdo y considera que puede poner en práctica, o aquellas que, a su juicio, ya se están cumpliendo o están en curso y no necesitan medidas adicionales.
"Diálogo" en Cataluña
En ese sentido, el Gobierno acepta la recomendación de Venezuela de "iniciar un diálogo constructivo con el pueblo catalán y sus instituciones" con el argumento de que ya "mantiene un diálogo fluido y constructivo con las instituciones de todas las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales "otros instrumentos bilaterales de cooperación".
Sobre Cataluña, detalla que en febrero de 2020 se creó "un nuevo espacio de encuentro" a través de la "Mesa de diálogo, negociación y acuerdo" entre los dos gobiernos y la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado "con el fin de buscar soluciones en el marco de la Constitución y de la ley". Venezuela fue el único país que, durante el 'examen' de enero, planteó la cuestión de Cataluña.
En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue objeto de numerosas preguntas cuando España se sometió al examen en enero, el Gobierno aclara, por ejemplo, que no está entre sus potestades ilegalizar asociaciones u organizaciones políticas, cosa que solo se puede hacer por decisión judicial.
En respuesta a Canadá, explica algunas de las infracciones que tipifica "a la espera de que, mediante la oportuna reforma legal que tendrá que ser tramitada y aprobada por el Poder Legislativo, se le incorporen las modificaciones necesarias".
Por otro lado, el Gobierno acepta solo parcialmente 13 recomendaciones, con las que está de acuerdo en términos generales pero no puede aplicar totalmente, ya sea porque disiente acerca del modo de llevarlas a cabo o porque existen factores de orden jurídico, presupuestario o constitucional, según ha explicado el embajador.
Por último, España toma nota de 10 recomendaciones, aquellas que no puede comprometerse a aplicar en esta fase, o con cuyo contenido o principios que las inspiran no está de acuerdo.
El embajador ha concluido su intervención afirmando que el resultado del examen es "altamente positivo" para España. "Quiero asegurarles que somos muy conscientes de que debemos seguir trabajando para garantizar el disfrute de los derechos humanos por todos y para hacer frente a los retos futuros de manera que no dejemos a nadie atrás", ha añadido.
