La conexión rusa en el procés independentista siempre sobrevoló las investigaciones de la policía y la justicia, pero sin todavía aclararse el alcance del mismo. En base a ello, el Ministerio de Justicia ha denegado la nacionalidad española a Alexander Dmitrenko, un ciudadano ruso que vive en Cataluña desde hace más de 17 años al considerar que "se tiene conocimiento probado" de su "trabajo consciente para los Servicios de Inteligencia rusos, de los que recibe misiones".
La petición de nacionalidad se formuló en febrero de 2018 y el pasado octubre el Gobierno respondió a esta denegación, avanzada por El Món, en la que se esgrime que el empresario nacido en Moscú "no ha justificado la buena conducta cívica que el artículo 22.4 del Código Civil exige" y añade que "se han detectado contactos de este individuo con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso".
Vozpópuli ha tenido acceso al recurso de reposición presentado ante la Audiencia Nacional del empresario ruso para que el Gobierno reconsidere su posición. En dicho recurso se esgrime que la Administración General del Estado se ha otorgado "funciones de enjuiciamiento" de hechos que no le corresponden "dada la naturaleza de sus afirmaciones" y que en caso de ser ciertas "constituirían graves imputaciones en el orden penal y sí así fueran probados ante un órgano judicial". Es decir, niega haber sido sujeto de investigación judicial por alguna presunta implicación con el Kremlin.
En la misma línea, sostienen que hay indefensión al no haber dado la posibilidad al interesado de rebatir las acusaciones. Por su parte, el Ministerio expone en su documento de denegación que las conclusiones se desprenden del "informe preceptivo que obra el expediente". El equipo legal del implicado cree que obtendrán una respuesta el próximo diciembre.
Este tipo de peticiones tardan una media de entre tres y cuatro años en resolverse. Según los datos del propio Ministerio, en 2018 hubo un total de 81.426 peticiones. En lo que llevamos de año, se han denegado 1.138 solicitudes, mientas que han sido aceptadas 17.415 peticiones. El tiempo de estos trámites suelen durar unos seis meses, porque hay que acreditar el nivel de castellano y otros asuntos de índole burocrática.
Lobby empresarial ruso
Este medio ha contactado con Dmitrenko, quien afirma que no es "una persona peligrosa para la sociedad", que "lleva toda la vida aquí [en Cataluña]" y que su "trabajo es acercar a los empresarios de habla rusa y catalana" para que inviertan en la región. No esconde que es "partidario del referéndum" y "seguidor del Barça", pero niega que los motivos por los que se le deniega la nacionalidad puedan tener alguna vinculación con la realidad.
El empresario ruso afincado en Cataluña tiene contactos con los principales políticos catalanes. A través de su lobby Catrus Capital, ha trabajado para fomentar las relaciones políticas, económicas y empresariales entre Cataluña y Rusia y ha establecido relaciones con instituciones políticas, civiles y financieras catalanas que le han permitido, entre otros, conocer al presidente de la Generalitat.
Dice que lo peor que lleva es la "incertidumbre" de una situación que define como "Netflix total". "Mi familia quiere irse de España por el miedo de que, con un expediente así, me puedan detener en cualquier momento e imputarme por espionaje", abunda.
Desde el 14 de julio de 2020, el impulsor de Catrus Capital es por contrato embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona a Rusia. El ente barcelonés en ese periodo estuvo presidido por Joan Canadell, actual diputado en el Parlament por Junts per Catalunya. En ese contrato, al que también ha accedido este medio, el firmante se compromete a colaborar con Global Market, que tiene el "objetivo de impulsar acuerdos bilaterales con cámaras de otros países como medio para incrementar las exportaciones de las empresas catalanas". En ningún momento se hace mención a ningún tipo de actividad de tintes partidistas a favor del secesionismo.
Espías rusos en Cataluña
La Comisión Europea hace tiempo que está preocupada por la capacidad desestabilizadora de Rusia en países europeos. No solo en lo que atañe a Cataluña, sino también en otros escenarios como el de los chalecos amarillos en Francia. En septiembre de 2018 Bruselas recomendó a sus Estados miembros activar medidas de seguridad para "reducir riesgos" en las elecciones.
Se considera un hecho contrastado la presencia física de agentes de la inteligencia rusa en Cataluña en los momentos de mayor auge del procés. Así lo reconoció el ex diputado ruso, Sergei Markov, del partido oficialista Rusia Unida que encabeza el presidente Vladimir Putin. En una entrevista en El Periódico afirmó que "contactos políticos entre el Kremlin y Puigdemont no había, pero sí creo que fue enviada gente de los servicios de inteligencia, figuras de perfil técnico, que se presentaran a sí mismas como periodistas".
El independentismo siempre ha negado esta conexión. Pero los gobiernos nacionales, alentados por las alarmas del Gobierno comunitario, intentan evitar la injerencia Rusia sobre el Viejo Continente.
