Los ministerios de Justicia e Igualdad han acordado endurecer el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual, una reforma que se incluirá en la futura Ley Orgánica de Garantía sobre Ley de Libertad Sexual, la ley del "solo sí es sí".
Con el objetivo de "acabar con la impunidad de la industria de la explotación sexual que opera actualmente en España" y perseguir con mayor eficacia a quienes se lucran de la explotación sexual de mujeres, se incorporará una nueva tipificación de delitos en el Código Penal: el proxenetismo en todas sus formas y la "tercería locativa".
La tercería locativa, enriquecerse del alquiler de un local donde se da la explotación sexual, era un delito que ya estuvo presente en el Código Penal, pero se suprimió en la reforma de 1995.
Entonces, se castigaba con penas de prisión menor y multas económicas al "dueño, gerente, administrador o encargado del local, abierto o no al público, en el que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción, y toda persona que a sabiendas participe en su financiamiento".
Ahora, Igualdad y Justicia pretenden que vuelva a estar presente en el Código Penal. En la actualidad, la explotación sexual se produce en muchos locales que tienen licencia de bar, hotel o gimnasio y en los que los proxenetas operan con total impunidad.
La futura reforma que plantean los ministerios de Irene Montero y Juan Carlos Campo planea asimismo castigar todos los tipos de proxenetismo, incluido el "no coactivo" o violento. Este miércoles, ambos ministros se reúnen precisamente con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Fuentes del Ejecutivo explican que esta nueva modificación legislativa aspira a impedir que la industria de la explotación sexual continúe lucrándose con la explotación de mujeres y que este tipo de violencia deje de ser un negocio en España.
Las mismas fuentes aseguran que el Gobierno "impulsará las reformas legales necesarias para acabar con la impunidad de la industria de la explotación sexual" en este país.
En el campo de la explotación sexual y la trata, la futura ley de libertad sexual no solo se limitará a la reforma del Código Penal, también trazará un Plan Nacional Integral para garantizar los derechos sociales, laborales y económicos de las víctimas.
Se articularán medidas de acompañamiento y protección social, con salidas laborales y alternativas habitacionales y económicas para estas mujeres.
La Fiscalía General del Estado, en su Memoria relativa al ejercicio 2019, incidía en que la persecución del proxenetismo es "una necesidad vinculada no solo con la necesidad de salvaguardar los derechos más elementales de la mujer, sino también para impedir formas encubiertas de explotación criminal".
Alertaba el Ministerio Público de "preocupantes" conductas delictivas ligadas a la prostitución ejercida de forma supuestamente consentida, libre y voluntaria en locales cuando, en realidad, las investigaciones detectan "situaciones de explotación sexual violenta o no consentida de mujeres", donde las víctimas son "muy vulnerables e indefensas", lo que hace "preciso" el uso de la prueba anticipada y de testigos protegidos de cara a esclarecer la culpabilidad de los hechos.
