La inesperada confesión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de que no existió como tal un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la desescalada del confinamiento se debe, según fuentes gubernamentales consultadas por Vozpópuli, a que el Ejecutivo quiere evitar que dichos asesores puedan ser llamados a declarar en alguna causa judicial relacionada con la covid-19.
Con este cortafuegos se busca, igualmente, que este equipo de expertos no pueda contradecir ante un juez la versión de sus superiores políticos cuando se tomaron las decisiones más controvertidas durante la pandemia. De todas ellas, la más espinosa fue mantener a Madrid en fase 0 durante quince días más en contra del criterio del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, quien respondió con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
El organismo sobre el que se posan todas las miradas es el Centro de Coordinación de Alertas y Epidemias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, a quien correspondía elevar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, las solicitudes de las Comunidades Autónomas sobre el paso de una fase a otra en que se había decidido realizar la 'desescalada' del estado de alarma.
El equipo de Simón
Desde principios de mayo, Simón se negó a facilitar el nombre de los expertos que resolvían las solicitudes relativas a las fases de 'desescalada'. La razón esgrimida por el director del CCAES fue que “en este proceso, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad (…). Lo mejor es que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible”.
La única información que Simón ofreció fue la de que ese comité estaba compuesto por 12 técnicos "que trabajan en la Dirección General de Salud Pública". Estas palabras fueron inmediatamente ratificadas por el ministro de Sanidad. A partir de ahí, el departamento de Illa se enrocó en su negativa a dar información sobre sus expertos hasta que esta semana sorprendió con su escrito al Defensor del Pueblo en funciones, el socialista Francisco Fernández Marugán, a raíz de una petición de amparo del PP.
El partido de Pablo Casado alegó en su momento que al ocultar los nombres de estos expertos, el Gobierno contravenía el mandato no sólo de la Ley de Transparencia y Bueno Gobierno, sino también de la Ley General de Salud Pública.
En dicho escrito, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, señaló lo siguiente: "No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento".
Asimismo, Aparicio remarcó que la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia correspondía "al Ministerio tras su valoración con las distintas comunidades, conforme a lo establecido en la orden ministerial del 3 de mayo que regulaba el proceso de cogobernanza para la transición a la denominada nueva normalidad".
Dos días después, el propio Illa reconoció durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso que nunca se creó un comité de expertos "al margen de la Administración pública del Ministerio de Sanidad" para realizar los informes que determinaban el cambio de fase de cada comunidad autónoma en el proceso de 'desescalada'.
Acotar responsabilidades
La decisión final, insistió el ministro de Sanidad, siempre fue suya a partir de los informes que realizaban los expertos del CCAES dirigido por Fernando Simón. Estos expertos remitían sus conclusiones a Aparicio, quien se las entregaba al ministro para que él adoptase la decisión. "Para evaluar quién pasaba de fase la responsabilidad última es del ministro", dijo Illa.
"Yo tomaba la decisión en base a informes técnicos de la directora general de Salud Pública. A ella le venía desde el CCAES avalado por el doctor Simón con su grupo de expertos", reiteró el ministro. De ahí que no se crease un comité nuevo, sino que fueron en todo momento los funcionarios del CCAES los encargados de imponer argumentos a favor o en contra del pase de fase de cada comunidad autónoma en el proceso de 'desescalada'. "Se hizo con criterios técnicos", aseveró Illa.
Con este relato y la carta de Sanidad al Defensor del Pueblo se acota la responsabilidad a los mandos políticos. Básicamente, Illa, Simón y la citada Aparicio, cuya firma también aparece en el controvertido escrito del 15 de mayo a la Comunidad de Madrid en el que se indicaban las razones de dejar a esta región sin pasar a la fase 1.
El informe fue firmado a las 21:57 horas por la directora general de Salud Pública. Es decir, casi tres horas después de que se comunicase públicamente la decisión de que Madrid no pasaba de fase y de que Díaz Ayuso advirtiese con tomar acciones legales si no se aportaban criterios técnicos a la decisión.
