El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática oculta la información recabada para la redacción del polémico anteproyecto de Ley de Información Clasificada, conocida comúnmente como Ley de Secretos Oficiales, tal y como consta en una resolución del Consejo de Transparencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli. La redacción del texto está salpicada por la falta de acuerdo entre los habituales socios de Gobierno y los obstáculos planteados desde los órganos consultivos, que han señalado matices de diverso calado en la redacción.
Según ha podido saber este diario, el pasado 23 de diciembre se registró una solicitud en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la que se pedía información relacionada con el anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales. En concreto, se pedía el dictamen del Consejo de Estado en relación a esta nueva ley, así como los documentos incluidos en el expediente de tramitación. A todos estos archivos, que se deben incorporar a cualquier procedimiento similar, se le conoce con el nombre de “huella normativa”.
Esta nueva Ley de Secretos Oficiales es uno de los proyectos estrella que ha abordado el Ministerio de Presidencia -con Félix Bolaños a la cabeza- en la presente legislatura. El anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto. Sin embargo, los órganos consultivos habrían evidenciado algunos errores o matices que habría que solventar antes de que la ley viese la luz de forma definitiva.
Uno de esas entidades es, precisamente, el Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno de España. Y su dictamen relacionado con la nueva Ley de Secretos Oficiales es uno de los motivos principales que constituyeron la citada reclamación ante el Consejo de Transparencia.
Se desestima la solicitud
El Ministerio de Presidencia, no obstante, ha optado por desestimar la solicitud, manteniendo oculto el dictamen del Consejo de Estado y los documentos incluidos en el expediente de tramitación; o lo que es lo mismo, la “huella normativa” del anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales. La razón que esgrime el departamento dirigido por Bolaños es que se trata de información que está actualmente “en curso de elaboración y de publicación general”.
Con esta nueva Ley de Secretos Oficiales, el Gobierno aspiraba a actualizar la que está actualmente en vigor, ratificada en 1968 y sometida a diversas actualizaciones desde aquella fecha. Entre otras cuestiones, el anteproyecto plantea la fijación de nuevos horizontes para la desclasificación documentos clasificados y un trasvase de competencias, toda vez que el Ministerio de Presidencia asumiría esta desclasificación en detrimento del Ministerio de Defensa.
Este es el caso de la información clasificada, aquella cuyo contenido puede afectar a la seguridad o defensa nacionalAnteproyecto de la Ley de Información Clasificada
El nuevo texto contemplaba la división de información clasificada en cuatro niveles, estableciendo así un marco similar al de otros países de la OTAN o de la Unión Europea: la mayor categoría de clasificación sería “alto secreto”, seguida de “secreto”, “confidencial” o “restringido”. Estas denominaciones estaban llamadas a sustituir a las actuales, “secreto”, “reservado”, “confidencial” o “difusión limitada”.
“La incuestionable exigencia de transparencia se encuentra constitucionalmente delimitada en nuestro Estado por la existencia de determinados tipos de información que deben gozar de una protección reforzada, este es el caso de la información clasificada, aquella cuyo contenido puede afectar a la seguridad o defensa nacional”, reza el anteproyecto de la nueva ley.
Dificultades en su aprobación
Sin embargo, no hay un horizonte cercano para que la Ley de Secretos Oficiales vea la luz, toda vez que tiene que pasar de nuevo por el Consejo de Ministros tras recibir las valoraciones de los órganos consultivos. Una vez superado ese trámite, debería ser ratificada en las cámaras, donde el Gobierno tendría que buscar el apoyo suficiente de los partidos políticos con representación para alcanzar la mayoría requerida.
La dilación de esos plazos y la inminencia de las próximas elecciones generales, que tendrán que celebrarse antes de que concluya el presente año, dificultan que uno de los proyectos estrella del Ministerio de Presidencia vea la luz en la presente legislatura.
