Luis de Guindos ha presentado este miércoles en el Congreso una serie de ideas para evitar los desahucios masivos por parte de la banca, pero que no incluyen cambios relevantes a nivel legal. Con respecto a la dación en pago, en ningún caso será obligatoria, pero el Gobierno ha propuesto que "el incentivo sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido" si dejan que el hipotecado entregue la vivienda para saldar su deuda.
Todos los beneficios que se plantean afectarían a los colectivos en umbral de exclusión, que el ministro ha definido como "familias con todos sus miembros en paro o que no tienen ingresos". Otra condición sería que fuera siempre primera vivienda.
Con respecto a las medidas, se ha propuesto "una modificación del mercado nacional de ejecuciones hipotecarias, así como medidas para fomentar las ejecuciones extrajudiciales". Las otras dos medidas serían "una base de datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional" y en tercer lugar "posibilitar las subastas".
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Buenas prácticas
La otra medida gubernamental ya no son medidas legales, sino un "código de buenas prácticas" para la banca, que en ningún caso obligaría a las entidades financieras a cumplir esas buenas prácticas y que básicamente serían tres. En primer lugar, que "se considere el pago de capital proporcional en el número de cuotas pagadas". En segundo lugar, que "la entidad asuma parte del riesgo en función de las garantías", esto quiere decir que si se ha valorado una vivienda en 100 y a la hora de volverse a valorar vale 50, la banca asuma parte de esa depreciación.
En tercer lugar, una recomendación a los bancos a que "permitan la dación en pago como medio liberatorio de deuda". Es decir, que la banca aceptara de forma unilateral unas condiciones con las que no gana nada, salvo reconocimiento social.
