El Ejecutivo acaba de iniciar la contratación de un servicio de consultoría para mejorar la imagen de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -antiguo INEM-, de cara al examen europeo que deberá pasar España ante la Unión Europea el próximo año. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social acaba de licitar este contrato valorado inicialmente en más de medio millón de euros. En lugar de aprovechar recursos propios de la Administración del Estado, el Gobierno buscará asesoramiento privado para realizar esta tarea.
En concreto, el departamento que dirige Fátima Báñez ha puesto en marcha la adjudicación de este encargo con el título técnico Evaluación cualitativa de los factores que inciden en el desempeño de los servicios públicos de empleo. El importe destinado a ello se sitúa exactamente en 675.000 euros (557.851,24 euros, sin impuestos).
Según explica el pliego de prescripciones técnicas, consultado por Vozpópuli, el Ejecutivo popular quiere externalizar este trabajo para llevar a cabo una evaluación de las oficinas de las 17 comunidades autónomas y el SEPE, "anticipándose" a la prueba europea prevista para 2016. De este modo, el Ministerio de Empleo explica que la empresa adjudicataria tendrá como obligación, "apoyándose en el trabajo anterior, generar información agregada para el conjunto del Sistema Nacional de Empleo español y apoyar al SEPE durante la evaluación que la Red SPE-UE hará de los servicios públicos de empleo españoles" el año que viene.
Bruselas todavía no ha concretado al Gobierno las fechas en que pisará suelo español para someter a exploración el funcionamiento de las oficinas de empleo. No obstante, el Ejecutivo estima que el examen tendrá lugar durante marzo de 2016, por lo que insta a la futura adjudicataria a tener finalizados los "informes resumen" antes del día 31 de dicho mes. En todo caso, la ejecución del contrato estará vigente durante todo el próximo ejercicio.
La Red de Servicios Públicos de la Unión Europea ha considerado que hay 29 factores que deben ser objeto de evaluación en cada servicio de empleo de los Estados miembros. Este análisis incluye cuestiones como "la estrategia y gestión de los empleadores", la "colaboración con autoridades supervisoras" o el manejo de los recursos presupuestarios.
El Ministerio de Empleo también exige al contratista que aporte un responsable de proyecto y un mínimo de 12 personas que forme los "seis equipos necesarios" para realizar las "visitas de evaluación". De igual modo, las empresas candidatas deben demostrar una experiencia de 15 años, al menos, en la gestión de proyectos de este tipo. Estos equipos tendrán como misión "analizar los principales factores que inciden en el desempeño del servicio público de empleo visitado e identificar, junto con éste, aquellos sobre los que se podría incidir para conseguir mejoras significativas en el desempeño de sus funciones". Cada visita de estos inspectores tendrá como duración 2 días y medio.
En lugar de aprovechar recursos propios del Estado, el Gobierno buscará asesoramiento privado para esta tarea
En la metodología de trabajo, resulta significativo que los inspectores no se interesen por la opinión de los parados o clientes del SEPE durante las visitas a las oficinas de empleo. Según consta en el plan fijado, los evaluadores se reunirán en el mismo día con la dirección de la oficina, técnicos del SEPE anfitrión, empleados de la misma y orientadores, incluidos los de parados de larga duración y los de personas con discapacidad. En ningún momento hay alusión a entrevistas directas con los usuarios de estas oficinas, principalmente desempleados.
Además, el adjudicatario deberá elaborar también un "paquete informativo" por cada comunidad autónoma, donde recogerá aspectos como ubicación del servicio de empleo en la estructura institucional; competencias; organización interna; plantilla; distribución del gasto de sus recursos financieros; carga de trabajo, número de usuarios atendidos y frecuencia de las atenciones; o sistema de gestión, seguimiento y evaluación de los resultados, entre otros puntos.
La UE no obliga a profundizar en el análisis de las políticas activas de empleo hasta el nivel regional -en el caso de España sería las comunidades autónomas- y deja a cada uno de los Estados miembros la responsabilidad de determinar cómo hacerlo. El ministerio de Fátima Báñez informó a las comunidades sobre el lanzamiento de este sistema en la LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el pasado 13 de abril.
El Ejecutivo dijo que lo conveniente era que España se adelantara al examen europeo y ofreciera "una solución que nos conviniera desde el punto de vista operativo, de costes y de resultados antes de que tuviéramos que aplicar alguna otra solución diseñada externamente". El Gobierno popular evitaba así dejar el control de una cuestión tan sensible en manos ajenas.
El desempleo juvenil reclama actuaciones
La futura adjudicataria tendrá que remangarse bien en este trabajo de campo, teniendo en cuenta que España debe mejorar todavía mucho en sus políticas activas de empleo, sobre todo en combatir el paro juvenil, algo en lo que ha incidido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Según un último estudio de este organismo, cinco de cada 10 jóvenes españoles estuvieron desempleados en 2014. En concreto, el 53,2% del total de la fuerza laboral, tal y como informó Vozpópuli la pasada semana.
