El Gobierno no moverá ficha ante la negativa del Govern a cumplir con la sentencia firme que le obliga a garantizar que el castellano se imparta, como mínimo, el 25% de las horas de clase en todos los centros escolares catalanes. La ministra de Educación, Pilar Alegría, esperará a que transcurran los dos meses a partir de la comunicación del fallo por parte del TSJC a la Generalitat. Ese es el plazo contemplado en la ley para que cualquiera de las partes y las personas afectadas puedan instar su ejecución forzosa en caso de que los demandados se nieguen a cumplir con la sentencia que consagra al castellano como lengua vehicular.
Fuentes del Ministerio de Educación se remiten a los artículos 103.1 y 104.1 de la ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y explican a Vozpópuli que corresponde a los tribunales ordenar el cumplimiento de las sentencias y que, por lo tanto, es el TSJC quien instará a la Generalitat a cumplir la sentencia. Según las mismas, ni la Abogacía del Estado ni las familias demandantes en este u otros procedimientos tienen nada que decir en este momento procesal.
Lejos de 'blindar' el 25% del castellano en las aulas de Cataluña tal y como le acaba de obligar el Tribunal Supremo, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, amaga con la desobediencia y ha enviado una carta a los directores de los centros animándoles a seguir con su modelo lingüístico actual. Varias asociaciones defensoras del bilingüismo en Cataluña como la AEB y S'ha Acabat! estudian instar la ejecución forzosa ante el posible desacato. Sin embargo, desde el ministerio de Alegría dicen que "el Gobierno no tiene dudas de que todas las administraciones del Estado cumplen las sentencias judiciales".
PP y Cs sugieren un "155 educativo"
El órdago lingüístico del Govern ha supuesto un quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Sánchez en plenas votaciones del los Presupuestos. La oposición del centro derecha ha arremetido en bloque contra la amenaza de "insumisión" de la Generalitat. Los líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas, han instado al presidente a aplicar un "155 educativo" si es necesario. Arrimadas ha recordado que la sentencia no crea un nuevo derecho, sino que reconoce que el derecho a una escolarización mínima en castellano se ha pisoteado durante las últimas décadas por el nacionalismo y el independentismo catalán.
Fue precisamente un abogado del Estado en Cataluña ya fallecido el que, en 2015, presentó el recurso contra las autoridades catalanas que ahora ha devenido en sentencia firme. Se llamaba Severo Bueno e interpuso el recurso en representación del Ministerio de Educación, entonces en manos del Partido Popular. Por ello, la Abogacía del Estado figura en la actualidad como una de las partes implicadas en este proceso y puede instar a la ejecución forzosa de la sentencia. Una herencia judicial que no parece encajar en los planes del actual Gobierno. Al menos por ahora.
La denuncia de Bueno no se resolvió hasta finales de 2020, poco después de que este abogado falleciese. El TSJC le dio la razón y, en una sentencia histórica, obligó por primera vez a la Generalitat a "adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso". A diferencia de otros fallos anteriores, ya no se hablaba de cumplir con la cuota en aulas concretas donde las familias hubiesen solicitado el castellano, sino de todas las aulas sin excepción.
La Generalitat recurrió al Supremo
La Generalitat presentó un recurso de casación y el Tribunal Supremo ha sido el último en pronunciarse. En una providencia notificada este martes, el alto tribunal rechaza el recurso contra la sentencia de 2020 del TSJC y, por ende, el fallo se convierte en firme. El Supremo alega que las cuestiones planteadas por el gobierno autonómico se centran en una valoración de la prueba que no es recurrible.
"Como es sabido, las cuestiones fácticas quedan excluidas de examen en el recurso de casación", explica la providencia. "En la instancia se delimitó en virtud de la prueba practicada, comprobando si existió o no incumplimiento en la utilización de la lengua castellana como vehicular en el sistema bilingüe matizado de Cataluña, comprobando en virtud del informe aportado por la propia recurrente, que no se había garantizado al menos el 25% de horas lectivas en castellano", señala el escrito.
Ahora, la Generalitat aboga por la desobediencia y, el Gobierno fía al TSJC que haga cumplir con el fallo, pero elude responder si la Abogacía del Estado -en su rol de demandante- instará al Govern a ejecutarla.
De acuerdo a la ley 29/1998, después de que una sentencia sea firme, el Secretario judicial ha de comunicar en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso [la Generalitat], a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél. La sentencia del TSJC avalada por el Supremo habla de un plazo "inmediato".
Calendario del castellano en Cataluña
Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa. Y, atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.
La decisión del Gobierno es esperar a ver qué hace el Govern. Según el consejero de Educación catalán, el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes y menos en plena transformación educativa: "Que un juez determine de forma arbitraria el número de horas necesarias para aprender una lengua supone un desprecio a los profesionales". Por su parte, la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Victòria Alsina, asegura que su departamento llevará al Consejo de Europa el "golpe del Tribunal Supremo al modelo de inmersión lingüística" porque cree que vulnera la Carta Europea de Lenguas Minoritarias.
Desde las asociaciones defensoras del bilingüismo aseguran que darán la batalla y agradecen a Severo Bueno la demanda que ha terminado poniendo contra las cuerdas al Govern y empujando al Ejecutivo a pronunciarse. Una suerte de victoria póstuma para este abogado del Estado número cinco de la promoción de 1996, conocida como La Gloriosa, que padecía ELA y que falleció tres meses antes de conocer la sentencia del TSJC que consagra el castellano como lengua vehicular en las aulas catalanas.
