Los ecos de dos episodios policiales en Cataluña han irritado a los mandos de la Guardia Civil. Uno, relacionado con la sentencia del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; otro, las críticas por la detención de varios empresarios del entorno de Carles Puigdemont. Los representantes del instituto armado consideran que sus miembros han sufrido una campaña de acoso con motivo de su desempeño. Y agradecen a su directora, María Gámez, que les defendiera en público tras estas acusaciones.
La Audiencia Nacional publicó el pasado 21 de octubre la sentencia que absolvía a Trapero del delito de sedición por el referéndum ilegal del 1-O. Dicha sentencia recogía los nombres de dos guardias civiles implicados en la investigación de los hechos. Esta publicación no fue del agrado de los mandos, que consideran "más habitual y correcto" que se emplee el número de identificación en estos textos públicos para evitar la identificación de los miembros del cuerpo.
El segundo episodio está relacionado con la reciente detención de varios empresarios del entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, a los que se les acusa de delitos relacionados con la corrupción y desórdenes públicos. Entre los capturados por la Guardia Civil se encuentran nombres como el del exdirigente de ERC y exmiembro de Terra Lliure Xavier Vendrell, el exdirigente de CiU David Madí, o el empresario Oriol Soler, entre otros. De esta operación se filtraron conversaciones como la que apuntaban al supuesto envío de 10.000 soldados rusos para defender la independencia de Cataluña.
No tardó en estallar la polémica. La Guardia Civil informó de que la intervención se recogía bajo el nombre de Operación Volhov; un río homónimo fue el escenario en 1941 de una batalla entre la Alemania nazi y la Unión Soviética con participación de la División Azul. Otras fuentes apuntan a un supuesto error de transcripción y que la denominación correcta era Voloh, nombre de un dios eslavo.
Aquella confusión dio pie a comentarios de esferas políticas -principalmente del separatismo catalán, aunque también de En Comú Podem- que arremetían contra el "brazo policial" de la derecha española. También se pidieron explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las detenciones.
La defensa de la directora
Episodios, todos ellos, que provocaron cierto malestar entre los mandos del cuerpo. Así se lo hicieron saber a su directora, María Gámez. Y ésta, desde el Congreso de los Diputados -en reciente comparecencia para presentar los Presupuestos-, defendió la labor de los miembros del instituto armado: pidió que se respetara su "neutralidad" y afirmó que están al "servicio de un poder judicial que es el que tiene que responder".
En términos muy similares se ha expresado la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), con una fuerte representación entre los mandos del cuerpo. "Nos acusan de prácticas similares a otros cuerpos policiales de países bajo dictaduras estalinistas, de nefasto recuerdo para la humanidad afortunadamente superadas".
"Quienes nos critican, ¿tienen formación suficiente para evaluar la actuación de unos profesionales extraordinariamente preparados y cualificados a lo largo de muchos años y para valorar unas diligencias tan complejas? Hay quien se cree que por tener un altavoz puede hablar de cualquier cosa", aseveran desde la asociación.
Y lanzan un mensaje de agradecimiento a su directora por las palabras que pronunció en el Congreso de los Diputados: "Esta acusación merecería que desde la Dirección General de la Guardia Civil se promovieran las actuaciones judiciales correspondientes".
