La Guardia Civil ha denunciado a Iberia Express "por incumplir las medidas sanitarias" en su vuelo operado ayer domingo desde Madrid a Gran Canaria. Según han confirmado a Vozpópuli fuentes del Instituto Armado, la compañía aérea incumplió presuntamente el artítculo 14 del Real Decreto que regula el estado de alarma impuesto tras la expansión de la pandemia de Covid-19.
Concretamente en el artículo 14 punto 2 apartado g) se indica que “en aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros”.
El 17 de marzo se publicaron dos decretos sobre los desplazamientos a Baleares y a Canarias. En el que tiene que ver con Canarias, se indicaba que “las compañías aéreas informarán de las medidas que piensan implantar para dar cumplimiento” a esa indicación sobre la separación de pasajeros.
Fuentes del instituto armado han informado este lunes a Efe de que, tras conocer la información que se estaba difundiendo en redes sociales sobre la alta ocupación de este vuelo, lo que impedía que el pasaje pudiera guardar la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias, varios agentes se personaron en el aeropuerto de Gran Canaria para hacer varias comprobaciones.
La compañía sostiene que sí cumple con las medidas estipuladas. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico admiten que en los decretos impulsados por el Ejecutivo no hay una cifra exacta a partir de la cuál se considere excedido el aforo en un avión a diferencia de lo que se establece para la oferta de vuelos, que sí se fijó en un 50 por ciento. En ese sentido, indican que si las fuerzas de seguridad consideran que esas medidas de separación no se cumplen, tienen capacidad para elevar un acta de propuesta de sanción.
Las mismas fuentes consultadas indican que se trata de una propuesta de sanción administrativa y que seguirá el curso de las miles de actas realizadas por las fuerzas de seguridad desde el inicio de la crisis sanitaria. Tras la propuesta de sanción de la Guardia Civil será la Delegación de Gobierno la que decida la cuantía de la multa, que será recurrible ante el Ministerio del Interior y en última instancia ante un Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
