La Guardia Civil está registrando este viernes la vivienda y la sede de Innova Next, una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario investigado en la causa que el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sigue contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han informado a Vozpópuli fuentes próximas a la investigación.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando los registros dentro de una pieza separada abierta por el juez Juan Carlos Peinado en la causa en la que investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Fuentes de la investigación informan de que están en búsqueda de documentos y contratos.
Esta pieza, que el juez mantiene bajo secreto sumarial, afecta a Barrabés, profesor del máster que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, y quien, según varias de las acusaciones se habría beneficiado de sus gestiones para la adjudicación de contratos.
El juez del 'caso Begoña Gómez' cita a directivos
Hace solo unos días, el juez que investiga a Gómez informó de que tomará declaración como testigos el próximo 26 de agosto a las 12.00 horas al consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, y al subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez.
Solicitud de declaraciones
Por su parte, las acusaciones personadas en la causa solicitaron el pasado miércoles al juez que llame a declarar como testigo a Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor del 'caso Koldo', la trama que habría pagado comisiones irregulares por contratos de mascarillas en la pandemia.
En un escrito, las acusaciones que lidera Vox piden al juez Juan Carlos Peinado que se interrogue también al ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo y se practiquen una serie de diligencias que consideran "útiles, pertinentes y necesarias".
Las acusaciones populares completan la lista de posibles testigos.
La lista de testigos solicitados incluye a personas relacionadas con Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital. Piden que comparezcan David Cierco y Alberto Martínez Lacambra, ex directores generales; Ignacio Espejo Saavedra Hernández, director de la asesoría jurídica, y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía. Sus declaraciones estaban previstas para el pasado junio, pero el juez las suspendió después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía parte de la investigación.
Acusaciones populares
Las acusaciones populares completan la lista de posibles testigos con Juan Ignacio Díaz Bidart, exconsejero de Aena y ex director de gabinete de la exministra Reyes Maroto, y Vicente Fenollar Molina, presidente del grupo Avoris.
RAFA PEREZ
Los que disponemos de algunos conocimientos jurídicos, por haber trabajado muchos años en la aplicación de la ley en ambos lados de la mesa, sabemos que las indecorosas actividades de Begoña Gómez, posiblemente, no tendrán reproche penal. Se diluyen por falta de pruebas contundentes en el dolo específico exigido en estas figuras delictivas. En la mayor parte de los casos se basan en pruebas testificales falseadas o carentes de veracidad. Pero, por ser quien es, no son admisibles en una democracia en la que impere el Estado de derecho (en España, con el actual PSOE, es dudoso que haya estado de derecho). Están en contra de la ética y de la probidad exigible a la mujer de un presidente de Gobierno. Si los ciudadanos no pasan factura por ello, sobre todo los votantes del PSOE, la democracia española dejará mucho que desear. Estaremos ante una fidelidad OVEJUNA incompatible con una democracia.