La Guardia Civil ha emitido un informe donde responsabiliza a los ex jefes de ETA, José Javier Arizcuren, alias 'Kantauri'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', como responsables de planear y controlar el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. Al considerar que una orden suya podría haber frenado el crimen.
Así se refleja en el informe que ha emitido a petición del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que reabrió la investigación sobre el caso Miguel Ángel Blanco el pasado mes de marzo, a raíz de una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ). Para determinar si la idea de su secuestro y asesinato salió del comité ejecutivo de ETA o Zuba de esa época.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la Benemérita describe el control que la cúpula de ETA tenía sobre el conjunto de la banda terrorista, por tratarse de una organización fuertemente jerarquizada, para argumentar que era improbable que una acción de tal calado como el rapto y la muerte de un político vasco se acordara en escalones inferiores de la cadena de mando.
Las mismas fuentes señalan que se pone énfasis en las circunstancias concretas del caso aduciendo que, difícilmente la Zuba podía desconocer que Blanco había sido secuestrado y que se le había matado. Por cuanto fue una noticia de ámbito nacional que mantuvo en vilo al país, lo que le lleva a situar la responsabilidad no tanto en el hecho de dar una orden precisa sino en que una contraorden de la cúpula de ETA podría haberlo liberado.
Para poner de relieve el nivel de control que la Zuba tenía sobre determinadas acciones, el Instituto Armado menciona el caso del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que estuvo secuestrado entre 1996 y 1997. Así, explica que en la puerta del zulo donde le retenían había un mensaje cifrado donde se indicaba a los carceleros de ETA que si veían publicadas en prensa dos palabras específicas significaba o que, debían liberarlo o que, tenían que matarlo.
Este último informe se suma al ya enviado a García Castellón por la Ertzaintza que, en la misma línea, se apoyaba en diferentes cartas y comunicados de ETA para señalar a la Zuba de la época como la responsable de la muerte de Blanco. El instructor aún está pendiente de recibir un tercer dossier de la Policía Nacional.
Con estas pesquisas, la Audiencia Nacional pretende esclarecer quiénes movieron los hilos dentro de ETA para que el concejal 'popular' fuera asesinado. Los autores materiales, Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', e Irantzu Gallastegui ya fueron condenados en 2006 a 50 años de cárcel por este crimen, mientras que en 2003, Ibon Muñoa fue sentenciado a 33 años de prisión como cómplice de los anteriores.
