Nueva bronca entre Policía y Guardia Civil. Y, esta vez, con el Ministerio del Interior como desencadenante. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha firmado una instrucción interna por la cual autoriza a los agentes de la Guardia Civil a mantener contactos directos con la Oficina Europea de Policía (Europol),un organismo de colaboración policial con sede en La Haya (Holanda) al que, hasta ahora, sólo tenía acceso el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). La medida, conocida públicamente ayer después de que el Instituto armado hiciera pública una nota de prensa congratulándose de la decisión, ha provocado un fuerte malestar en la Policía Nacional, sobre todo porque Ulloa incluye en el punto quinto de la instrucción una seria advertencia a este cuerpo si no acata su decisión o la retrasa sin motivos justificado.
La medida permite a la Guardia Civil acceder a bases de datos internacionales vetadas para ella hasta ahora
La instrucción, que tiene fecha del pasado 19 de julio aunque su existencia no se ha conocido hasta ayer, capacita a la Guardia Civil para acceder a las bases de datos internacionales como el Fichero de Análisis (AWF, en sus siglas en inglés), el Sistema de Información de Europol (SIE) y el canal de comunicaciones seguras (SIENA) sin pasar previamente como hasta ahora por la Unidad Nacional de Europol, orgánicamente integrada en el CNP. Fuentes del Instituto armado aseguraban ayer a Vozpópuli que, de hecho, sus agentes ya han empezado a trabajar directamente con el organismo europeo y que, en la actualidad, tienen en marcha varias operaciones internacionales en colaboración con otros cuerpos europeos adscritos a Europol. Esta posibilidad era una vieja aspiración del Cuerpo.
Ignacio Ulloa destaca en la instrucción, a la que ha tenido acceso este diario, que la nueva facultad concedida a la Guardia Civil tiene como objetivo “racionalizar e incrementar la eficacia de los intercambios de información, especialmente en las investigaciones en curso en las que la inmediatez puede representar un elemento crucial para la eficacia y el éxito de las investigaciones”. La única obligación que impone al instituto armado es que facilite “como máximo en el término de dos horas” la información intercambiada a sus compañeros de la Policía a través de la existente Unidad Nacional de Europol en España. Además, deberá remitir mensualmente una relación de las mismas al director del Centro de Información contra el Crimen Organizado (CICO) para que este de cuenta al propio Ulloa.
Tensas relaciones desde antiguo
La decisión de Interior ha enrarecido aún más las tradicionalmente tensas relaciones entre los dos cuerpos policiales españoles, ya sacudidos en las últimas semanas por las críticas vertidas por una asociación de guardias civiles contra el error de Policía Científica en la identificación de los huesos en el caso de los niños de Córdoba. Ayer, este diario pudo constatar dicho malestar entre agentes de la Policía, para quienes la decisión del secretario de Estado supone vulnerar la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que adjudica en exclusiva las relaciones policiales internacional al CNP. “Es una ilegalidad”, aseguraba indignado un alto responsable policial.
El propio Ulloa es consciente de que dichas reticencias se iban a producir y, de hecho, en el punto segundo de dicha instrucción da orden expresa a la “Dirección General de la Policía” para que imparta a sus agentes “las instrucciones oportunas” para que se facilite el trabajo de la Guardia Civil, a la vez que advierte que ambos cuerpos tienen a partir de ahora “los mismos privilegios”. En el punto quinto, el secretario de Estado lanza incluso una implícita advertencia a los máximos responsables de la Policía si no se cumplen sus órdenes o retrasan de modo injustificado su aplicación al afirmar que su “inobservación” le llevaría a “acordar la redefinición o reasignación inmediata de los canales de comunicación directa con Europol”. Es decir, según interpretan fuentes policiales, a dejar al CNP si dichas competencias.
