Nuevo episodio en la polémica en torno a la cesión de competencias de puertos, aeropuertos y medio ambiente a Cataluña en favor de los Mossos d'Esquadra. Guardias Civiles han anunciado que llevarán ante los tribunales cualquier decisión política en este sentido, tal y como anticipó el presidente catalán Salvador Illa, y que supondría una merma de sus funciones en la región.
La asociación Jucil de la Guardia Civil se ha reunido hoy con el general jefe de la zona de Cataluña, Pedro Antonio Pizarro, para exigir "la defensa de las competencias de la Guardia Civil en materia de aeropuertos, puertos y medio ambiente". Este encuentro se ha producido ante la cercanía de la próxima convocatoria de la Junta de Seguridad en la que previsiblemente se abordará esta cesión a los Mossos d'Esquadra y a la que está prevista la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En la última Junta celebrada el pasado día 5 de diciembre ya se anunció el cese de las competencias -hasta ahora compartidas- del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), condenando a esta especialidad de la Guardia Civil al desmantelamiento de unidades en favor de los Mossos d'Esquadra y agentes rurales.
“Hemos transmitido al general nuestro rotundo rechazo a esta pérdida de competencias, que supondría la práctica desaparición de la Guardia Civil de Cataluña y un mal precedente para el resto de comunidades”, asegura Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, quien añade: “Además, creemos que los mossos no tienen capacidad policial para asumir estas competencias”.
Recurrir a la Justicia
En consecuencia, esta asociación, que reúne a más de 15.000 profesionales del cuerpo, ha anunciado que llevará a los tribunales cualquier cesión a la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad ciudadana dentro del perímetro interior de este tipo de activos estratégicos para el Estado cuya competencia recae en la Guardia Civil, como indica la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el Real Decreto 400/2012 de Estructura del Ministerio del Interior. Ambos establecen que el resguardo fiscal corresponde en exclusiva a la Guardia Civil y, por ende, la seguridad dentro de la zona afectada tras los controles de acceso a las instalaciones portuarias y aeroportuarias.
El secretario general de Jucil señala que “el actual modelo policial se debe de revisar en profundidad, siendo conscientes de que los cuerpos policiales autonómicos no generan más seguridad que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; prueba de ello es que Cataluña es la segunda comunidad con el índice de delincuencia más alto, según datos del Ministerio del Interior”.
"A pesar de las reiteradas solicitudes de información previas, tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat han mantenido una gran opacidad sobre este asunto, lo que ha generado mucha inquietud en el seno de la institución y de los agentes afectados", apuntan desde la asociación representativa. Actualmente hay desplegados en Cataluña 3.600 efectivos de la Guardia Civil, a los que habría que sumar otros 1.200 si se cubriesen las plazas contempladas en el catálogo de puestos de trabajo.
Por ello, Jucil exige al Gobierno de España "transparencia y rigor" en la toma de decisiones que afectan directamente a la Guardia Civil, "una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos".
El Tribunal Supremo ya declaró ilegal la cesión de las competencias de tráfico en Navarra a la Comunidad Foral, tras estimar el recurso presentado por la asociación en su momento, debido a que el Gobierno no lo gestionó por las vías adecuadas. "Este precedente refuerza la convicción de que serán los tribunales los que frenen esta posible decisión que afecta gravemente al funcionamiento de la Guardia Civil en Cataluña y el resto del Estado", concluye Jucil.
