La sanidad privada entra en el uno contra uno. La tensión que mantienen desde hace meses los hospitales privados y las grandes aseguradoras sanitarias ha estallado. La patronal de la sanidad privada (ASPE) ha anunciado que iniciará procedimientos judiciales contra Sanitas por el acuerdo firmado con Generali, un contrato que supone una reducción del 20% de las tarifas que cobran los centros sanitarios proveedores de los servicios. Para ASPE se trata del enésimo abuso de poder de estas grandes compañías, pero en esta ocasión no se van a quedar de brazos cruzados.
En octubre de 2022, Generali pactó con Sanitas la cesión de la gestión de sus servicios asistenciales. Esto supuso que los hospitales y centros sanitarios que antes funcionaban con Generali lo harían desde enero de este año con Sanitas. Los contratos suscritos por Generali con estos centros, que prestaban atención a 150.000 asegurados, se resolvieron de manera unilateral por parte de esta aseguradora. Sanitas, por su parte, aplicó tarifas un 20% más bajas como denuncia ASPE.
Estos centros sanitarios se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicando las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas para atender a los asegurados de Sanitas. La patronal de la sanidad privada encargó un dictamen jurídico al despacho de abogados Lener que considera ilegal dicho acuerdo. En concreto, creen que vulnera la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
ASPE denuncia que Sanitas ha hecho uso "de una posición de dominio en la negociación de la que carecía Generali". La patronal solicitó en diciembre de 2022 las condiciones específicas del acuerda pero, según afirma, ambas compañías decidieron ocultarlas, "una estrategia de silencio que busca enterrar los detalles de un acuerdo que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores sanitarios a los asegurados de Generali, y que es considerada contraria a la buena fe".
El presidente de ASPE, Carlos Rus, muestra su malestar en declaraciones a Vozpópuli ante la falta de respuesta de Sanitas a los múltiples requerimientos que se le ha hecho desde la patronal. "Esta imposición unilateral, realizada además con ocultación del contenido del acuerdo, limita la libertad de los hospitales y les impide ejercitar sus derechos contractuales, ya que les obliga a aplicar una tarifa – la que tenían concertada con Sanitas- que no es la que se había acordado para los asegurados de Generali”, señala el dictamen jurídico.
Al haber intentado sin éxito establecer un diálogo con las otras partes interesadas, la patronal interpondrá sendas demandas ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y ante los tribunales "por infracción de las normas de competencia”.
La defensa de Sanitas
La compañía aseguradora Sanitas, en su respuesta pública a ASPE, omite aclarar si respondió o no a los requerimientos de la patronal pidiendo conocer los detalles sobre el acuerdo firmado con Generali. La defensa de Sanitas se centra, principalmente, en que el acuerdo entre ambos "permite ofrecer la mejor solución a nuestros clientes".
Sanitas asegura que se ha ampliado en un 43% el cuadro médico a disposición de los clientes de Generali. Para la aseguradora, "`los clientes de Generali son los grandes beneficiados de este acuerdo" y este "cumple con la legalidad en términos de competencia", pues afirma haber informado tanto a clientes como a centros hospitalarios.
Sin embargo, ASPE ha respondido que la red asistencial de Sanitas se sostiene en un 98,3% de hospitales y en un 99,1% de clínicas ya contratados. Por su parte, Generali ha justificado ante ASPE su silencio durante 6 meses por “problemas de coordinación interna del que hemos sido conscientes ahora”.
Una guerra que viene de lejos
La patronal de la sanidad privada y las aseguradoras mantienen una guerra de largo recorrido por las pólizas low cost (de bajo coste) que ofertan las mutuas, un conflicto en cuya raíz se encuentra la posición dominante de estas en el mercado. La capacidad de negociación de los centros hospitalarios es muy pequeña ante gigantes como Adeslas, Asisa o Sanitas. Lo mismo ocurre con los facultativos de la privada, que acaban aceptando tarifas muy bajas. Esta situación está llevando a los hospitales privados a enfrentarse a grandes dificultades para encontrar enfermeros y personal facultativo. Los precios que cobra cada médico se negocian individualmente al tratarse de una relación mercantil, lo que deja al sanitario en una condición de inferioridad sublime frente a la aseguradora.
La patronal de la sanidad privada (ASPE) ha tratado en diversas ocasiones de contactar con Unespa (asociación representante de las aseguradoras) para alcanzar algún tipo de acuerdo frente a las pólizas low cost, aunque fuera mediante un pacto sobre buenas prácticas. Desde Unespa, en cambio, han cerrado la puerta a la conversación argumentando que carecen "de competencias" para llegar a acuerdos.
