Los juzgados de Medina de Rioseco, en Valladolid, albergan un nuevo episodio de David contra Goliat en los tribunales. Un particular se enfrenta a Telefónica sobre la titularidad de un tramo del cable coaxial desplegado hace décadas para vertebrar telefónicamente España. Según sostiene el ciudadano, parte de esa infraestructura lleva años abandonada al ser sustituida por la fibra óptica. Ahora la Justicia tendrá que decidir si sigue perteneciendo a la compañía. El caso puede sentar un precedente sobre la propiedad de kilómetros de este cable a lo largo de todo el territorio nacional por el que se puede sacar rendimiento económico dado su alto porcentaje de cobre.
Según la demanda civil presentada por el particular, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Telefónica distribuyó el cable coaxial cuando era una empresa pública y tenía el monopolio a la hora de prestar servicio a todos los españoles. Además del tendido de cable telefónico sobre postes de madera, se recurrió a este cable, de un diámetro considerable que iba bajo tierra. Eran los años 50 del siglo pasado y generalmente se disponía en paralelo a las antiguas carreteras nacionales. A lo largo de su recorrido hay varias centrales desde las que sacan las distintas conexiones a las diferentes localidades.
Ese cable pasaba bajo tierra por terrenos públicos y privados. Para estos últimos había que llegar a un acuerdo con el propietario o se acometía la obra tras una expropiación. En la década de los ochenta, muchos tramos de esta red se empezaron a sustituir por fibra óptica y kilómetros de cable coaxial quedaron sin servicio.
En 2011, este ciudadano, llamado Fernando Barrilero, decidió hacerse con ese cable entre las localidades de Mayorga y Villanubla, un tramo dispuesto en la década de los setenta. Para ello dice haber recabado la autorización de la Junta de Castilla y León para las zonas que eran públicas y tener el permiso de particulares para el resto del recorrido.
La compañía niega el abandono
Este ciudadano se ampara en que el Código Civil dice que si el dueño de una cosa mueble, como es un cable enterrado, no hace actos de dominio sobre ese bien en el plazo de unos años, pierde la propiedad del mismo, y cualquiera que venga y lo coja, pasa a ser el dueño. El artículo 1.962 del Código Civil establece ese plazo en seis años. Sin embargo, cuando Telefónica se enteró de que se estaba apropiando del coaxial le denunció por hurto. Niega que lo haya abandonado y así empezó este contencioso. La primera parada fue una instrucción en el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid.
Cuando finalmente llegó el momento del juicio, el particular planteó como cuestión previa la tesis del abandono. El Juez penal decidió que al ser un debate de otra jurisdicción, no podía resolver por lo que dejó en suspenso la acusación contra Barrilero y derivó el caso a la vía civil para que allí se determinase de quién es el cable. El particular presentó una demanda contra Telefónica que recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina de Rioseco.
Según la diligencia a la que tuvo acceso este periódico, fijó una audiencia previa este jueves a la que acudieron ambas y presentaron las pruebas que quieren que se tengan en cuenta durante la vista. Este periódico se puso en contacto con la compañía telefónica que descartó hacer declaraciones mientras el caso siga judicializado. Fuentes jurídicas al tanto del caso aseguran que la relación entre ambas partes se remonta muchos años atrás y que Barrilero tiene una empresa llamada Yarnoz y Vega BB Invertment Group S.L que durante años ejerció como una subcontrata de Telefónica en la zona.
Eso explica que tenga en su poder los planos del recorrido que sigue el cable. Esa sociedad aparece en la diligencia del Juzgado como codemandada junto a Telefónica, pero se le ha declarado en rebeldía por "por no haber comparecido dentro del plazo". También apuntan a que Barrilero usó esa relación contractual para recabar la autorización de la Junta de Castilla y León a pesar de que ya se había extinguido. Vozpópuli ha tratado de recabar la versión de demandante sobre este extremo a través de su abogado, pero no ha recibido respuesta.
Consecuencias
El precedente puede ser relevante por dos motivos. El más inmediato es el valor económico de ese cable, compuesto en un 25 por ciento de cobre, material que puede ser vendido como chatarra, según las fuentes consultadas. Si la Justicia reconoce que Telefónica ha perdido su titularidad, cualquier persona puede hacerse con él. El subsuelo de España está repleto de cable, principalmente de fibra óptica tras el impulso de la década pasada. Solo le superan Japón y Corea.
La siguiente consecuencia es que una vez se inutiliza el cable pasa a ser un residuo y tiene un 45 por ciento de plomo y brea. Se trata de material tóxico y si se produce alguna filtración puede afectar a cultivos. Sobre esta última cuestión, el demandante cuenta con un informe pericial según el cual, el cable presenta una alta concentración de plomo que implica la asignación del código de peligrosidad H-10 tóxico para la reproducción”. “El residuo se clasifica por tanto como peligroso”, añade las conclusiones de este informe, que recomienda la retirada del cable y advierte de que su abandono puede ser merecedor de una infracción muy grave según la Ley de residuos y suelos contaminados.
