La trama de corrupción 'Gürtel' se extendió también a las Islas Baleares, al Gobierno del expresidente Jaume Matas. Así lo reflejan las investigaciones que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción están llevando a cabo sobre la amplia documentación incautada en la sede de una de las empresas implicadas, Over Marketing, según recoge hoy el diario El Mundo.
El registro de la sede madrileña de la empresa, sucursal de 'Gürtel' en Baleares, en junio de 2010 ha arrojado numerosas facturas de los regalos que se hicieron a Matas, a la mujer de éste y a los consejeros de su Gobierno, tales como bolsos y maletines de las firmas Loewe o Louis Vuitton por valor de unos 2.000 euros, y diversos complementos como corbatas y billeteras de Carolina Herrera de importe inferior. La estructura era clara y se establecía en dos niveles cada Navidad: bolsos y carteras para los consejeros de Matas (bolsos para ellas, carteras para ellos) y complementos para los directores generales y algunas de las secretarias del Ejecutivo.
Según la investigación, los beneficiarios de los regalos eran los altos cargos del ejecutivo que tramitaron adjudicaciones por importe de tres millones de euros públicos que se otorgaron a una de las empresas pantalla empleada por la trama para obtener contratos irregulares de las administraciones gobernadas por el PP.
Tras analizar la documentación incautada la Guardia Civil ha interpuesto una denuncia contra los técnicos que tramitaban el grueso de los contratos de Over Marketing en Baleares, ya que son presuntamente culpables de un delito de falsedad documental y fraude a la Administración.
Anticorrupción está haciendo hincapié en la investigación de los pagos librados por la Conselleria de Sanidad, donde se encontraron documentos especialmente sospechosos sobre la adjudicación o invitación a participar en los concursos de empresas relacionadas con Over. Especialmente destaca la promoción del hospital de Son Espases, que contrató a la empresa citada por indicación del Gobierno Balear por un millón de euros. Según Anticorrupción, con ello se quería evitar el concurso público y adjudicar los fondos 'a dedo'.
