Alberto (nombre ficticio) es uno de los 45 agentes de la Policía Nacional procesados por los incidentes durante el referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017. Tanto él como sus compañeros se jugaron "el pellejo" ante una muchedumbre enfurecida de radicales independentistas para acabar sentados en el banquillo de lo que considera un "juicio político", según ha afirmado en una entrevista con Vozpópuli.

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona dictaminó la semana pasada el procesamiento de estos agentes mientras que archivó el caso para otros 20 investigados. Los policías acudieron a Barcelona para cumplir con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que les obligaba a impedir el referéndum suspendido por el Constitucional, "sin afectar a la normal convivencia ciudadana". Sin embargo, el juez considera que la actuación de los agentes no fue "proporcional" en 25 de los colegios.

Policías sin un "trato justo"

"Anímicamente estoy bien. Han pasado cinco años y medio pero nos temíamos lo que iba a pasar por el sesgo de este juez y las veces que fui a declarar a Barcelona. Parece que el puñetazo de un independentista es un acto reflejo y nuestra intención de mantener el orden es una agresión brutal. Ya sabíamos que no íbamos a tener un trato justo", explica a Vozpópuli uno de estos agentes.

A pesar de todo lo sufrido este policía afirma que la decisión judicial es "comprensible" y compara las presiones que habrá sufrido este magistrado con la situación de los jueces en el País Vasco durante la etapa de la banda terrorista ETA. Uno de los detalles que más extrañeza le ha provocado es que el "único criterio" utilizado para imputar a los agentes las lesiones es el uso de la "defensa reglamentaria".

"Estaban en riesgo nuestras vidas"

El uso de esta herramienta fue autorizado por los mandos del operativo del 1-O de la Policía Nacional y se ha archivado el caso para los agentes que usaron solo agarres y empujones cuando este tipo de prácticas pueden ocasionar hasta lesiones más graves. Se dio el caso de un radical que sufrió la rotura de un fémur. Alberto y 28 de sus compañeros tuvieron que controlar a 600 independentistas que se parapetaron en un colegio. "Lógicamente no puedes cogerles de la mano, usamos una fuerza proporcionada", defiende este policía. "Estaban en riesgo nuestras vidas".

El equipo de policías de Alberto tenía asignados 20 colegios el día del referéndum ilegal y tenían un tiempo máximo de 20 minutos en cada centro escolar. En uno de ellos tuvieron que estar 90 minutos lo que significó un "riesgo" para su integridad física. "Nosotros nos jugamos el pellejo y al final acabamos sentados en un juicio político", critica.

Este antiguo miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) recuerda que en Cataluña había 2.500 colegios y la Policía Nacional actuó en 29. "No llega al 0,27%. El dispositivo fue absurdo, una decisión política. No íbamos a solucionar nada. La sociedad y la justicia han dado la razón a los Mossos d'Esquadra a lo que al principio parecía una situación de pasividad", desgrana.

Ahora Junqueras o Romeva podrán venir a nuestro juicio

Alberto también afirma: "Ahora en mi juicio se podrán sentar detrás de mí como público, gente como Oriol Junqueras o Raül Romeva. Yo fui a evitar un golpe de estado y ellos se sientan para ver como me enjuician a mí después de ser indultados por el Gobierno ya que son sus socios para prolongar su mandato. Ni el Partido Popular se ha manifestado que son lo mismo". Este agente también pide "dignidad" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El equipo de la UIP de este policía estuvo destinado a Cataluña dos semanas antes del 1-O. Estaban encargados del control de las fronteras o de la vigilancia del CIE. Ya habían permanecido en esta región en junio y no tuvieron "ningún problema". En esta ocasión, los ánimos se caldearon desde el 22 de septiembre con una "animadversión" y una "violencia ambiental" contra los policías.

Fuga de antidisturbios

"Nos dijeron que no podíamos parar ni en los semáforos. Nos lanzaban latas a los coches, nos insultaban... si a eso le sumas que estuvimos dos meses recluidos en un barco malviviendo... y al final como regalo acabas imputado. Y mientras los que la ocasionaron, los independentistas, ahora son socios del Gobierno y marcan las directrices de este país", lamenta.

Para Alberto el 1-O es como un "Vietnam" para los agentes veteranos. Hace tres años había 1.200 agentes de antidisturbios y a día de hoy 900 se marcharon de esta unidad. "Ni una triste llamada. Nadie se ha interesado en prestarnos ayuda jurídica o psicológica", añade. Después de los más de cinco años de instrucción este policía confía en que no haya una condena en el juicio o se quede todo en una indemnización para los denunciantes que sufrieron lesiones leves. "Incluso el juez reconoce que son lesiones leves si nos hubiéramos visto tan locos no serían de esa índole", recalca.

Estos 45 policías sí que han recibido el apoyo y el respaldo de todos los sindicatos del Cuerpo. Todos ellos han expresado su malestar por la reacción judicial y han solicitado el apoyo de Grande-Marlaska para que respalde la actuación de estos agentes.

Entre ellos, el Sindicato Unificado de Policía expresó su "estupefacción" por esta decisión, en un momento en el que la mayor parte de los responsables de aquellos hechos han sido indultados, otros han visto como sus causas fueron sobreseídas o archivadas. "Vemos como se persigue y procesa a un grupo de agentes que se desplazaron allí con la orden y el deber de preservar la estabilidad democrática", explican.

Un coste físico y psicológico brutal

"No se puede utilizar a los policías cuando interesa y abandonarlos a su suerte igual que hicieron cuando caían piedras sobre sus cabezas y el fuego corría por las calles de Cataluña. Los alborotadores son ahora víctimas y los responsables de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía los acusados", añaden.

Lo más duro para este agente es el "daño emocional" que ha sufrido en todos estos años ya que no ha podido seguir con su vida normal. "Te quita horas y el coste psicológico y físico es brutal. Si recurren a todas las instancias después se puede prolongar durante 15 años. ¿Cómo puedo afrontar ahora una intervención de riesgo?". Una pregunta que queda en el aire. Una duda que persigue a este agente que tendrá que seguir esperando más tiempo la resolución judicial que lleva rondando su cabeza desde hace más de un lustro.

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