Las distintas almas del viejo PP de Madrid, mezcladas de nuevo. Esta vez no es por el control de los alcaldes de la región o la conquista de espacios de poder bajo los pies de su líder, Esperanza Aguirre. Esta familia desavenida ha vuelto a encontrarse en la Audiencia Nacional a cuenta de la investigación por financiación ilegal del partido. Frente a otros casos de corrupción en los que los acusados se protegen unos a otros, las cuentas pendientes abren en esta ocasión un escenario incierto para la exdirigente popular.
Ignacio González contra Cristina Cifuentes, Francisco Granados y viceversa. Cifuentes y Granados contra Esperanza Aguirre y todos ellos contra Granados. Estos son solo algunas de las rencillas que afloraron tras años de rivalidad soterrada. Las contundentes victorias electorales lo soportaban casi todo. Ahora la Audiencia Nacional cree que acudían a las urnas dopados con "fastuosas" campañas electorales financiadas ilegalmente.
El juez sostiene que Aguirre fue quien ideó todo aquello por lo que las versiones de sus subordinadas resultarán fundamentales. Puede resultar tentador el precedente del exsecretario del PP de Valencia y exportavoz en la Cortes Valencianas, Ricardo Costa, quien consiguió eludir el ingreso en prisión después de colaborar con la Justicia. En su caso, implicó al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps. Condenado a cuatro años después de que la Fiscalía rebajase su petición de pena, finalmente se suspendió su condena a cambio de trabajar en la asociación de una amigo suyo en Castellón, tal y como desveló Vozpópuli.
El testimonio de Manuel Lamela
Este miércoles está citada a declarar la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes. La semana que viene acudirá ante el juez su antecesor, Ignacio González. Ambos serán los principales teloneros de la declaración de Aguirre, fijada para el día 18 de octubre. El exconsejero Francisco Granados esperará a ver cómo se desarrollan los interrogatorios antes de pedir también declarar en esta causa. Eso será, en todo caso, después de que comparezca el exconsejero Manuel Lamela. Este ex alto cargo ya dijo a la Guardia Civil que Aguirre estaba en reuniones clave de la trama donde se decidía favorecer al empresario Horacio Mercado. Ahora tendrá que explicarlo también ante el juez.
El paso del tiempo ha borrado los éxitos del pasado. Todos los protagonistas de esta historia fueron apartados de la política por la puerta trasera. Varios de ellos no han vuelto a verse salvo algún acto o festividad madrileña especial. Otros ni siquiera eso. El escenario hace imposible pensar en una defensa uniforme en la Audiencia Nacional. La estrategia se acerca más un 'sálvese quien pueda' que a un cierre de filas en torno a la otrora poderosa figura de Aguirre.
Ignacio González, su eterno 'número dos', nunca entendió la decisión de Cifuentes de presentar ante la Fiscalía Anticorrupción la documentación que le daría forma al caso Lezo. Él ya estaba fuera de la política, había dimitido como presidente de la Comunidad de Madrid y fue encarcelado seis meses por la gestión del Canal de Isabel II. A día de hoy sigue investigado por estos hechos.
Aguirre tras el arresto de González
Tres días después de su arresto, en abril de 2017, Aguirre casi rompió a llorar y no le defendió. Se definió conmocionada. "Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta y por tanto para mi lo de Ignacio González sería muy lamentable", dijo al borde de la lágrima. Resulta una incógnita el papel que jugará ahora Ignacio González ante el juez. De las escuchas policiales del caso Lezo se desprende que él y Aguirre se habían distanciado.
Ella ni siquiera le contestaba las llamadas. En una charla con el exministro Eduardo Zaplana, González le llamaba "hija de puta" a su exjefa. Pero también existen conversaciones de esa misma época -con González ya fuera de la primera línea- en las que la expresidenta admitía que en las campañas electorales incumplían el límite de gasto permitido. En esas conversaciones también tachaba de "hija de puta" a Cifuentes. Le molestaba especialmente que como presidenta de la Comunidad de Madrid le hubiese retirado los abogados que le asistían.
En esas conversaciones, González también hace alusión a la preocupación de Aguirre por que se sospechase que podía estar detrás de una candidatura alternativa a la de Cifuentes para presidir la Comunidad de Madrid. La relación entre ambas no estuvo exenta de tiranteces el tiempo que coincidieron en la Comunidad de Madrid y en la Asamblea madrileña.
La rivalidad con Granados
Cuando González entró en la cárcel, Granados llevaba ya preso dos años y medio acusado de ser el cabecilla de la trama Púnica. Fue el eterno rival de González en el seno de la formación madrileña. Entre ellos dos se estableció una línea de separación irreconciliable en el partido. Uno de los hombres de confianza de González era el exconsejero Borja Sarasola, también imputado en esta causa por la que declaró la semana pasada ante el juez.
Según informó Europa Press, Sarasola dijo que la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, fue quien le presentó en 2012 "en un pasillo" a Alejandro de Pedro. Se trata del empresario imputado por cobrar presuntamente dinero público para mejorar la reputación online de exdirigentes del PP de Madrid como Esperanza Aguirre o Ignacio González. Vozpópuli desveló que Díaz Ayuso colaboró con la Púnica para mejorar la imagen de Aguirre en Internet. Las declaraciones de Sarasola prueban la nula vocación de proteger al partido, actualmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Cifuentes tendrá que responder este miércoles por la supuesta adjudicación "arbitraria" de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, en el marco del caso Púnica. Recientemente fue imputada por estas adjudicaciones al Grupo Cantoblanco, ya que ella presidía la mesa de contratación y, además, formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes.
Los testimonios aportados en esta macrocausa, también la ubican en reuniones como las que se celebraban con el responsable de la empresa Swat, un proveedor del PP madrileño que había trabajado de forma irregular para el PP en la campaña de 2007, llamado Juan Miguel Madoz. A esas reuniones también acudía Aguirre o Ignacio González, según la investigación.
