Además de vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias asumió el cargo de ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 en enero de 2020. Siete meses después, los profesionales de los servicios sociales y la atención a la dependencia reclaman un mayor peso en su agenda.
"No ejerce de titular de la cartera, estamos abandonados en plena crisis por el coronavirus", lamentan fuentes del sector. Y apuntan a Salvador Illa: "El ministro de Sanidad sí reúne al Consejo Territorial que le compete".
El estado de alarma decretado el 14 de marzo a causa de la pandemia finalizó el pasado 21 de junio. Tres días antes, Pablo Iglesias presidió el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Ha sido la única reunión de esta índole mantenida por el líder de Unidas Podemos desde el pasado 18 de junio. Los encuentros entre Illa y los consejeros de Sanidad se elevan a 14 desde el final del estado de alarma.
Las citadas fuentes revelan a Vozpópuli que, en un principio, el ministro de Derechos Sociales "ni siquiera tenía pensado presidir el encuentro" y que su reunión virtual con los consejeros del ramo "se gestó a última hora".
Este diario ha consultado la agenda del Gobierno del 18 de junio y no figura aviso alguno sobre la actividad del vicepresidente aquella jornada. Tampoco hubo anuncios del departamento que lidera a través de la cuenta oficial de Twitter.
Próxima reunión: 2 de octubre
La próxima reunión entre el Gobierno y los consejeros de políticas y asuntos sociales está prevista para el 2 de octubre. "La situación es crítica y se ve agravada por los rebrotes. El 2 de octubre es realmente tarde. Está todo paralizado. Se habla de acuerdos con las CCAA, pero los acuerdos no son tangibles ni aparecen publicados en detalle en el BOE", lamentan profesionales del sector.
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) dio un paso al frente este miércoles al pedir a través de un comunicado una mayor coordinación sociosanitaria, plantillas nutridas y fijar tiempos máximos de diagnóstico para dar una respuesta "inmediata" a los rebrotes de Covid-19 que pudieran aparecer en las residencias de mayores.
"Después de que los datos de la primera oleada de Covid-19 mostrase que las personas mayores residentes en centros han sido las más golpeadas por la pandemia –con más de 19.000 fallecidos, lo que constituye más del 70% de las víctimas mortales en España–, se hace imprescindible trazar un plan para protegerles en una posible segunda ola", subrayó el CGTS.
Gasto social en España
Los datos recogidos por el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que fue publicado este miércoles, tampoco son alentadores.
El gasto autonómico en servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) cayó en 2019. La caída fue solo de un 0,1% respecto al gasto de 2018, pasando de 116.857,3 a 116.850,5 millones de euros, pero ha supuesto la ruptura de la tendencia al alza que venía produciéndose desde el año 2014.
"La ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro", avisa la asociación presidida por José Manuel Ramírez.
El estudio también refleja una brecha abismal entre comunidades autónomas. Cataluña se lleva la peor parte. La comunidad gobernada por Quim Torra ha rebajado más de 4.000 millones de euros el gasto social en la última década, de acuerdo al informe.
Es decir, el tijeretazo de la Generalitat ha convertido a Cataluña en la región que más ha recortado, en conjunto, la inversión en Sanidad, Educación, Servicios Sociales desde la crisis.
En el caso concreto de los servicios sociales aún existen dos comunidades sin recuperar el nivel de gasto en servicios sociales que existía antes de los recortes provocados por la anterior crisis: Castilla-La Mancha y Cataluña.
No obstante, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales indican que, en general, desde el año 2009 hasta el 2019 la inversión en servicios sociales se ha incrementado en 2.132,6 millones de euros, un aumento de un 70%. Sin embargo, lo consideran "insuficiente" y alertan del "claro riesgo tras la aprobación del ingreso mínimo vital".
"Tras la aprobación del IMV, las comunidades autónomas podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales", señalan.
La asociación considera que en un escenario político "tan grave como el actual, con unas posturas tan extremadas, el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política".
Carta dirigida a Iglesias
Ramírez trasladó sus quejas al ministro de Derechos Sociales a través de una demoledora carta el pasado mes de junio. "Debe hacerse consciente de que está usted obligado a ejercer como ministro y gestionar sus competencias, ahora más que nunca, en esta materia tan sensible precisamente en estas circunstancias", escribió el trabajador social.
"Un gobernante que quiere alcanzar el nivel de 'político de Estado' debe demostrar su capacidad para ser eficaz en la encomienda de la que es responsable y no debe distraerse con asuntos de rifirrafe político que le podrán mantener en la cresta de la ola, pero que le hacen estar fracasando en su principal trabajo (por el que le pagan), que es ni más ni menos que atender las necesidades sociales de las personas más vulnerables de este país. Por ahora les está defraudando y su desidia e impericia está provocando mucho sufrimiento y dolor", señaló.
