La investigación en torno a la operación parapolicial denominada Kitchen va más allá del presunto espionaje ilegal a Luis Bárcenas. La Fiscalía anticorrupción también denuncia que hubo altos mandos policiales que se enriquecieron personalmente con el trasiego de fondos reservados sin justificar durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
El último escrito del ministerio público alude a los interrogatorios realizados al encargado de gestionar el dinero: “Sus manifestaciones pusieron de manifiesto disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.
Así lo recoge el ministerio público en su petición de imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido. Dedican un apartado a analizar cómo se financió la infiltración en el círculo personal del extesorero popular.
Irregularidades
El facultativo de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que gestionaba los fondos es Miguel Ángel Bayo y en dos ocasiones declaró ante los investigadores, la última hace justo un año. A partir de sus explicaciones y otras evidencias que obran en la causa, la Fiscalía refleja que la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado para solicitar el dinero “no se ajustaba a la normativa legal”, regulada desde 1995.
Bayo era algo así como el guardián de los secretos de aquella cúpula policial ahora bajo sospecha. Es la persona a la que Villarejo entregó los documentos de identidad que usaba en sus misiones como agente encubierto. Tal y como informó este periódico, antes de que se jubilara, el equipo del ministro Juan Ignacio Zoido abortó en julio de 2018 un plan impulsado por un sector de la Policía que consistía en ubicar a Bayo en un puesto de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El escrito de los fiscales censura que los fondos se repartían antes incluso de comprobar para qué los necesitaba la Dirección Adjunta Operativa que dirigía Eugenio Pino, investigado en la causa. Además, cada mes se destinaba una partida de fondos reservados a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) cuyo responsable era el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, también entre los encausados.
La UCAO es una unidad especialmente sensible dedicada, entre otras cosas, a la gestión de los confidentes. Su responsable ha negado en todo momento que se usase ese dinero para asuntos distintos a la cuestión operativa. Pero la Fiscalía pone el acento en que el trasvase de dinero a esa unidad se hacía directamente sin pasar por la Comisaría General de Información de la que depende orgánicamente.
“Los fondos así entregados al investigado Enrique García Castaño, con periodicidad mensual y con una cuantía fija, no estaban vinculados a ninguna necesidad operativa concreta y el uso de estos fondos nunca fue justificado documentalmente por su destinatario”, dice la Fiscalía, que añade que esta “irregular entrega” estaba verbalmente autorizada por Pino.
Según la regulación de los fondos reservados, es necesario adjuntar una serie de documentos acreditativos del uso de los fondos asignados en la mensualidad anterior y en esos datos tiene que figurar el nombre de la operación. En Interior no consta ningún operativo con el nombre de Kitchen, si bien todas las fuentes consultadas por Vozpópuli coinciden en que ese era un nombre interno que le adjudicó el comisario Villarejo.
La carpeta 'Chef'
En el marco de la investigación, las autoridades hallaron en casa del polémico comisario una carpeta llamada “Chef” (“cocinero” en inglés) que incluye decenas de documentos sobre los pagos mensuales realizados al chófer, Sergio Ríos. Además, el Ministerio del Interior desclasificó información relativa a estos fondos reservados. Entre julio de 2014 y el 18 de mayo de 2015, García Castaño recibió 50.000 euros.
La Fiscalía recoge la versión de este comisario, según la cual, esos pagos eran para otras operaciones. Pero añade que el mismo mando policial admitió su participación en la operación Kitchen y el pago con fondos reservados de una pistola para el chófer que costó 700 euros y material informático por valor de 1.905 euros.
Los fiscales dicen que, según la ley que regula el uso de fondos reservados, “las funciones de su control” recaen sobre el ministro del interior “y por delegación” a la Secretaría de Estado de Seguridad. Durante el periodo investigado, al frente de ambas instituciones estaban el ministro Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, respectivamente.
En la entrevista que realizó Vozpópuli al exministro tras la apertura de la pieza Kitchen en el el marco del caso Villarejo, Fernández Díaz se refirió al uso de los fondos reservados: “Yo como ministro no gestionaba los fondos. No cambié nada ni modifiqué nada. Ni yo ni mi antecesor tampoco (Alfredo Pérez Rubalcaba). Tenía confianza en que se gestionaban bien. No tenía preocupación ni el más mínimo interés". En esa misma entrevista dijo estar enterándose por la prensa del presunto espionaje a Bárcenas.
Estas declaraciones provocaron la reacción de su ex número dos, que las vio como un interés del ministro de atribuirle en exclusiva los hechos investigados. Por ello, días después acudió a un notario para dejar constancia de una serie de SMS en los que Fernández Díaz da muestras de conocer el detalle de la operación. Esta ha sido una de las principales evidencias que han llevado a la Fiscalía a solicitar también la imputación de Fernández Díaz.
La operación costó al menos 53.266,22 euros procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz. Así consta en una resolución del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que permanecía secreta. Este es el magistrado que investiga la caja B del PP y que pidió documentación al saber que un grupo de policías había tratado de boicotear su investigación.
Esa suma se deriva de un total de 25 pagos realizados entre julio de 2013 y mayo de 2015 al chófer del extesorero, Sergio Ríos, y los agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que participaron en la trama. Un total de 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios, y el resto a gastos de comida (2.574 euros), transporte (496 euros) y otros abonos menores que no se concretan (195 euros).
